Medioambiente – The Conversation

Cigüeñas y gaviotas transportan cientos de kilos de plásticos desde los vertederos a los humedales de Andalucía

2025-11-05T00:12:28Z

Cigüeñas y gaviotas alimentándose en un vertedero. Enrique García Muñoz (FotoConCiencia), CC BY-ND

La imagen de aves llenando los vertederos y comiendo de nuestra basura genera preocupación por saber de qué se están alimentando. Por ejemplo, se sabe estos animales pueden morir al tragar plásticos. Pero lo que no es tan conocido es qué pasa después con esos plásticos ingeridos y cómo pueden afectar a otros organismos con los que comparten ecosistemas.

Nuestro grupo de investigación lleva años estudiando el transporte de semillas e invertebrados por aves acuáticas. Sin embargo, muchas veces aparecían plásticos, cristales y otros productos de origen antrópico en las egagrópilas –bolas regurgitadas de restos orgánicos no digeribles– y heces que analizábamos. Así que nos preguntamos: ¿y si también transportan plásticos?

La contaminación por plásticos es una de las amenazas a las que nos enfrentamos como sociedad. Si bien se ha estudiado históricamente sobre ecosistemas marinos, la información sobre la fuente e impacto de plásticos en humedales como lagos o marismas es escasa.

¿Cómo transportan las aves los plásticos?

En muchos sitios, aves acuáticas como cigüeñas, gaviotas o garcillas repiten diariamente el mismo viaje. Se alimentan en vertederos y posteriormente se desplazan a humedales para descansar. Allí, estas especies regurgitan egagrópilas con el material imposible de digerir, como plásticos, especialmente en los dormideros. Así, actúan como biovectores y su acción genera una concentración de plásticos en los humedales usados para el descanso. Pero ¿cuál es la dimensión de este problema?

Leer más: Por qué tenemos que conservar unos humedales sanos

Para poder dar respuestas a esta pregunta nos centramos en tres especies de aves acuáticas comunes en vertederos andaluces: la gaviota sombría, la gaviota patiamarilla y la cigüeña blanca. Aprovechamos individuos marcados con aparatos GPS y muestreamos egagrópilas en los humedales conectados con los vertederos por sus movimientos.

Después de cuantificar el plástico en el laboratorio, finalmente combinamos los datos GPS, los censos de las especies y las egagrópilas analizadas para estimar el plástico transportado por toda la población. El trabajo y procesado de muestras llevado a cabo durante el proyecto fue expuesto en un documental sobre el transporte de plástico por parte de aves a humedales acuáticos.

Dos gaviotas patiamarillas persiguen a una cigüeña con un plástico en el pico en los entornos de un vertedero. Enrique García Muñoz (FotoConCiencia), CC BY-ND

Cientos de kilos de plásticos anuales

La laguna de Fuente de Piedra, en Málaga, es famosa por su colonia de flamencos. Es endorreica, o sea, el agua accede por arroyos, pero no sale, provocando una concentración de sales y de cualquier contaminante que entre, incluyendo plásticos.

En invierno se reúnen allí miles de gaviotas sombrías que crían en el norte de Europa. Estimamos que esta población importa un promedio de 400 kg anuales de plásticos hacia este humedal Ramsar, procedente de vertederos en las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba.

Otro estudio nuevo en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz nos permitió comparar a las tres especies mencionadas, que utilizan los mismos vertederos y comparten el parque natural para el descanso. En total, vimos que estas especies transportaban alrededor de 530 kg anuales de plásticos hacia las marismas de la bahía de Cádiz, pero cada especie lo hacía de una manera algo diferente.

Diferencias entre cigüeñas y gaviotas

La cigüeña es más grande y transporta más plástico por individuo que las gaviotas, ya que sus egagrópilas son de mayor tamaño. Sin embargo, lo más importante para determinar el impacto de cada especie es el número de individuos que realiza el viaje vertedero-humedal. En nuestro trabajo, de nuevo fue la gaviota sombría la que más plástico movía (285 kg anuales) debido a su abundancia en invierno.

La asociación directa entre visitas al vertedero y distancia al mismo es clara, tanto para gaviotas como para cigüeñas. Por lo tanto, aquellos ecosistemas más cercanos a vertederos están más expuestos a este problema.

Nuestro estudio también demuestra cómo las diferencias espaciotemporales propias de cada especie se trasladan al transporte de plástico. Por ejemplo, pudimos ver que la parte de la Bahía de Cádiz de mayor exposición de plásticos procedentes de gaviota patiamarilla se encuentra en torno a sus colonias de cría. Además, esta ave los transportaba durante el año completo, mientras que las otras dos especies lo hacían en sintonía con su paso migratorio.

Por último, hay algunas diferencias en los tipos de plástico: la cigüeña era la única especie que transportaba gomas de silicona desde los vertederos, por razones desconocidas.

Gaviotas y cigüeñas en un vertedero. Enrique García Muñoz, CC BY-ND

Leer más: La contaminación química del plástico, una amenaza silenciosa

Impacto y soluciones

Los plásticos y sus aditivos pueden generar numerosos problemas, no solo a los propios biovectores sino a los organismos con los que comparten ecosistema, desde plantas hasta a otras aves. Por ejemplo, plásticos más grandes pueden producir estrangulamientos o bloquear sus sistemas digestivos.

Los efectos de plásticos más pequeños, así como de sus aditivos y de contaminantes que se adhieren a estos, suelen pasar más desapercibidos: por ejemplo, actúan como disruptores endocrinos y generan problemas metabólicos y reproductivos. Además, pueden entrar en la cadena alimentaria –pasan de unos seres vivos a aquellos que se los comen– y acumularse progresivamente conforme ascendemos en ella, actuando sobre diferentes niveles.

Arreglar este problema no es sencillo. Una directiva europea (1999/31/UE) contempla el uso de medidas disuasorias que limiten las visitas de estas aves a los vertederos. No obstante, existe controversia sobre cómo puede afectar a sus poblaciones.

Leer más: Los vertederos son una fuente de alimento para muchas aves: ¿qué pasará si los cerramos?

Por otro lado, existe un método casero que no involucra a las aves y que todos podemos aplicar basado en el uso de las famosas tres erres: reutilizar, reducir y reciclar los plásticos que utilizamos.

Julián Cano Povedano recibe fondos de Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Ayuda FPU). Para los trabajos realizados se ha recibido financiación de la Junta de Andalucía en el proyecto GUANOPLASTIC "proyecto de I +D +i PY20_00756"

Andrew J. Green fue Investigador Principal del proyecto "Aves acuáticas como vectores de plásticos y nutrientes entre vertederos y humedales andaluces: GuanoPlastic" financiado por la Junta de Andalucía (PY20_00756), cuyo duración fue de Octubre 2021 a Marzo 2023.

La captura ilegal de loros en Costa Rica nos enseña que crear áreas protegidas no basta para preservar la fauna silvestre

2025-11-02T23:01:31Z

Loro capturado en Costa Rica. Pedro Romero Vidal, CC BY-SA

A estas alturas, pocos dudan del profundo impacto que el ser humano está teniendo sobre el planeta. Basta con mirar a nuestro alrededor: encontrar un rincón no alterado por la acción humana resulta prácticamente imposible. Se estima que alrededor del 75 % de la superficie terrestre ha sido transformada por nuestras actividades, y no parece que nuestra especie esté pensando en bajar el ritmo.

Se habla con frecuencia del cambio climático, la pérdida de hábitats o la contaminación por plásticos, pero estos fenómenos son solo una parte de un problema mucho más amplio. Los impactos de las actividades humanas sobre los ecosistemas alcanzan hoy una magnitud comparable a las grandes crisis de biodiversidad que ha sufrido la Tierra a lo largo de su historia.

Comercio de fauna silvestre

El comercio de fauna silvestre representa una de las formas más perversas de sobreexplotación de la biodiversidad. Ya sea legal o ilegal, esta práctica tiene el potencial de provocar descensos drásticos en las poblaciones de numerosas especies. Y, a menudo, la frontera entre ambos tipos es difusa.

En lonjas de Cataluña, por ejemplo, se han detectado al menos cuatro especies de raya protegidas vendidas como si fueran legales, y la anguila europea –catalogada como en peligro crítico– continúa comercializándose con normalidad al amparo de la ley. En el caso del comercio ilegal, el reto es aún mayor: como cualquier otra actividad ilícita, es más difícil de controlar y extremadamente rentable.

Leer más: La anguila: el animal más misterioso podría extinguirse antes de que logremos entenderlo

Al hablar de comercio ilegal de fauna, solemos pensar en elefantes abatidos por su marfil o en rinocerontes cazados por sus cuernos. Sin embargo, si atendemos al número de individuos traficados anualmente, cualquier mamífero se queda corto frente a los loros.

Captura y venta ilegal de loros

Ejemplar de amazona frentirroja (Amazona autumnalis) en una casa. Pedro Romero Vidal, CC BY-SA

Antes de la entrada en vigor de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que regula el comercio global de especies amenazadas, se exportaron legalmente millones de loros, muchos de los cuales están hoy al borde de la extinción.

Aunque actualmente la captura y comercio de loros de origen salvaje está prohibida en casi todo el mundo, cada año se siguen extrayendo ilegalmente millones de ejemplares para abastecer la demanda internacional o local de mascotas.

Solo en Bolivia, se estima que podrían capturarse entre 300 000 y 500 000 ejemplares anualmente. Si hablamos de América Latina, esta práctica tiene raíces profundas, anteriores a la llegada de los europeos, y sigue muy arraigada en la cultura local.

Leer más: El comercio ilegal de loros es una amenaza mucho mayor de lo que pensábamos

Costa Rica: un ejemplo de conservación

Cuando se habla de países exitosos en la protección de la biodiversidad, Costa Rica suele aparecer en lo alto de la tabla. Este pequeño país centroamericano se considera un modelo a escala mundial: más del 26 % de su territorio está bajo alguna figura de protección.

Gracias a políticas pioneras de pago por servicios ambientales, a la creación de un amplio sistema nacional de áreas protegidas y a una firme apuesta por el ecoturismo, el país logró algo poco común en el trópico: detener la deforestación y, con el tiempo, invertir la tendencia. Hoy, los bosques cubren de nuevo una parte sustancial del territorio, convirtiendo a Costa Rica en un referente internacional en materia de gestión ambiental.

Aunque solemos pensar que basta con declarar un área protegida para garantizar la conservación de la biodiversidad que alberga, la realidad es muy distinta. Estos espacios, por más extensos que sean, no están aislados de lo que ocurre en su alrededor: la caza furtiva, la tala y el comercio ilegal siguen penetrando en ellos. Y en este aspecto, lamentablemente, Costa Rica no es una excepción.

Proteger los hábitats es necesario, pero insuficiente

En un estudio reciente realizado en Costa Rica, un equipo de investigadores de distintos centros y universidades españolas hemos analizado el estado de las poblaciones de loros nativos. Los resultados muestran que, pese a las políticas de conservación y la extensa red de áreas protegidas, el comercio ilegal de loros sigue muy presente.

Una catita churica (Brotogeris jugularis) y un perico frente naranja (Eupsittula canicularis) capturados en una jaula. Pedro Romero Vidal, CC BY-SA

A lo largo de casi 2 000 kilómetros de recorridos de censo, detectamos loros nativos mantenidos como mascotas en cerca del 90 % de las localidades visitadas. Y no se trata de casos aislados: en el 80 % de las viviendas encuestadas se habían tenido –o aún se tenían– ejemplares capturados ilegalmente. Muchos pertenecían a especies amenazadas, como guacamayos y amazonas, extraídos de la naturaleza muy por encima de su disponibilidad en el medio silvestre. Este patrón podría empujar a sus poblaciones hacia un punto de no retorno, como ya ocurrió con el guacamayo de Spix –la especie que inspiró la película Río–, desaparecido en estado salvaje en parte por la captura ilegal.

La conservación de la fauna silvestre no puede reducirse a trazar líneas en un mapa y declarar áreas protegidas. Proteger los hábitats es necesario, pero insuficiente si no se afrontan también las actividades humanas responsables de la pérdida de especies, como la captura y el comercio ilegal de fauna.

De hecho, muchas de las localidades donde se registraron mascotas ilegales se encontraban junto a áreas protegidas. En ellas, los vecinos se mostraban orgullosos de las políticas ambientales del país, incluso mientras mantenían en sus hogares ejemplares de especies nativas capturadas ilegalmente, a veces a escasos metros de carteles que advertían sobre este delito. Un recordatorio claro de que conservar la naturaleza no depende solo de leyes y reservas, sino también de educación ambiental y, en el caso de América Latina, de ofrecer alternativas a una costumbre tan profundamente arraigada como tener perros y gatos en Europa.

Pedro Romero Vidal no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

El nivel del mar está subiendo, pero no al mismo ritmo en todas partes: el caso de Perú

2025-10-29T23:31:38Z

Costa de Paracas, Perú. Wikimedia Commons., CC BY

La subida del nivel del mar es uno de los efectos más visibles del cambio climático. Pero, aunque solemos pensar en un fenómeno global, cada región del planeta vive su propia historia.

En la costa peruana, esa historia empieza a contarse en 1942, cuando se instalaron los primeros mareógrafos –instrumento que registra y mide las oscilaciones del nivel del mar (mareas) de forma automática– en Talara, Callao y Matarani. Desde entonces, esas estaciones han registrado casi ocho décadas de variaciones del nivel del mar. Hoy, gracias a ese archivo único, podemos afirmar con claridad que el mar está subiendo en Perú, y que lo hace de manera desigual según la región y el periodo analizado.

Los diferentes niveles de referencia vertical en cada una de las estaciones. Alturas de cada uno de los niveles utilizados están referidas al punto de referencia mareográfico del Callao. Bismarck J. A. et al.

Una tendencia clara, con altibajos marcados

Un equipo de investigadores de la Universidad de Cádiz comprobamos en un estudio reciente que, entre 1942 y 2019, el nivel del mar ha subido en los tres puntos estudiados. Sin embargo, la magnitud del aumento depende del intervalo que se mire. En algunos periodos, la subida fue moderada (menos de 1 mm por año), mientras que en otros llegó a ser muy acelerada, con valores de más de 10 mm anuales, especialmente en los años más recientes.

Esto significa que no basta con hablar de un único valor promedio. La subida del mar en el Perú es un proceso altamente variable, que responde tanto a tendencias globales como a fenómenos regionales y locales.

El impacto de El Niño

Una de las razones de esa variabilidad es bien conocida por los peruanos: el fenómeno de El Niño. Durante los eventos extraordinarios de 1982-83 y 1997-98, el mar en Talara, Callao y Matarani llegó a elevarse hasta 40 centímetros por encima de su promedio normal.

Consecuencias de las inundaciones traídas por El Niño en 1983 en Perú. IDESEP.

Estos picos temporales muestran cómo la interacción entre el clima y el océano puede intensificar los riesgos de inundaciones costeras y erosión.

De hecho, el análisis estadístico confirma una fuerte correlación entre la temperatura y el nivel del mar en la costa peruana: cuando sube la temperatura superficial, también lo hace el mar. Y cuando las aguas se enfrían (como en los episodios de La Niña), el nivel tiende a descender.

Perú frente a los reportes del IPCC

Si comparamos los resultados con los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), encontramos coincidencias y también diferencias. Hasta comienzos de los años 2000, las tasas de aumento en Perú eran algo menores que el promedio global. Sin embargo, en la última década analizada (2006-2015) ocurrió lo contrario: los registros de Talara, Callao y Matarani muestran un aumento mucho más rápido que la media mundial reportada por el IPCC.

Esto nos recuerda que las cifras globales sirven como referencia, pero las decisiones de gestión costera deben basarse en estudios locales. El mar no sube al mismo ritmo en todas partes.

Resumen gráfico del trabajo realizado, donde se muestra el mapa de la costa peruana y la ubicaión de las tres estaciones utilizadas (Talara, Callao, Matarani). La gráfica de barras muestra la comparativa en las tres estaciones, de las variaciones del aumento del nivel del mar (SLR) de los datos obtenidos C. Estrada, B. Jigena-Antelo, J. J. Muñoz-Pérez.

¿Por qué importa?

La costa peruana concentra gran parte de la población y de la infraestructura crítica del país. La subida del nivel del mar amenaza puertos, viviendas, playas, humedales y acuíferos. También puede agravar los impactos de tsunamis y tormentas.

Para planificar defensas costeras, gestionar el agua o proteger los ecosistemas, es vital contar con información detallada y específica, como la que aportan estas series de mareógrafos.

Mirando al futuro

Nuestro estudio no solo confirma la tendencia ascendente, sino que también muestra que los cambios pueden ser bruscos en lapsos cortos, asociados a ciclos climáticos como El Niño o la Oscilación Decadal del Pacífico. Esto significa que los próximos años podrían traer tanto aceleraciones como pausas temporales en la subida del mar, pero la tendencia de fondo es clara: el océano está ganando terreno.

La conclusión es ineludible: Perú necesita políticas costeras basadas en datos locales, que consideren la variabilidad natural y el impacto del cambio climático global. Solo así se podrán anticipar riesgos y reducir la vulnerabilidad de millones de personas que viven frente al Pacífico.

Bismarck Jigena Antelo recibió fondos de Universidad de Cádiz, para realizar una estancia en la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina del Perú (DHNM). Los datos de niveles del mar de los mareografos de Talara, Callao y Matarani, que se utilizaron en el artículo de investigación fueron cedidos por la DHNM. ¿Es posible incluir a un tercer autor, la Ing. Carol Estrada Ludeña, funcionaria de la DHNM.

Juan J. Muñoz no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

Valencia floods, one year on: what have we learned, and how can we prevent similar tragedies in the future?

2025-10-29T15:07:07Z

The Rambla del Poyo riverbed in the town of Chiva, Valencia, after the floods in October 2024. BlackFarm/Shutterstock

On October 29 2024, destructive storms hit several areas of the Iberian peninsula, causing the most extreme rainfall recorded in Spain during the 21st century.

According to the Spanish State Meteorology Agency (AEMET), they were caused by a mass of cold air at high altitude between the Gulf of Cádiz and the Gibraltar Strait, which pushed very humid air from the Mediterranean towards the coast. Storms formed in chains, which were repeatedly reactivated over the same areas.

In Turís, in the Valencia region, the AEMET recorded 185 litres per square metre (l/m²) in one hour, and 772 l/m² within 24 hours. The combination of extreme intensity and persistence triggered flash floods within a few hours.

Leer más: Valencia floods: Our warming climate is making once-rare weather more common, and more destructive

The Júcar Hydrographic Confederation – which administers the Júcar river that flows through Castilla La Mancha and Valencia – estimated maximum flows of 3,500 cubic meters per second (m³/s) at the intersection of Rambla del Poyo and the A-3 motorway, and 2,400 m³/s where the Magro River meets the Forata dam.

Satellite images show clouds gathering over eastern Spain at 6:30am on October 29, 2024. EUMETSAT, CC BY-NC-SA

In addition to the 229 deaths in the Valencian Community, there were seven in Castilla-La Mancha (one in Mira, in Cuenca, and six in Letur, in Albacete) and one in Andalusia, in Alhaurín de la Torre, Málaga.

68 of the deceased were found on the ground floors of homes, and 35 in car parks and basements. According to Spain’s Data Integration Center (CID), more than half of the victims were aged 70 or over, and 15 were aged 90 or over. 24% of deaths were in the 80-89 age bracket, making it the largest group.

What caused the tragedy?

Construction in river areas intensified during Spain’s rapid development during the 1960s and 1970s, and also during the property bubble from 1997 to 2008. Indeed, of the 75,000 homes affected by flooding, 31% were built during this second period. The physical vulnerability of the buildings exacerbated the tragedy, as many ground floors became death traps once they were flooded.

At 7:36am on 29 October, the AEMET issued a red alert for extreme rainfall. According to the Valencian government, the Júcar Hydrographic Confederation reported that at 12:07pm the Rambla del Poyo had exceeded the pre-alert threshold. By 18:43, the flow had reached 1,686m³/s.

The Valencian government did not activate its Integrated Operational Coordination Centre (CECOPI) until 5pm. The ES Alert public warning system was not activated until 8:28pm, by which time many areas were already underwater.

Leer más: Why it can be hard to warn people about dangers like floods – communication researchers explain the role of human behavior

Although the central government offered support from the outset, there was controversy over the level of its involvement, as it did not assume full control by declaring a national emergency.

The low perception of risk among the general population, together with the delay in the ES Alert warning, were decisive factors. The fact that it was not actually raining in many of the affected towns created an additional false sense of security among residents. This led to risky behaviour, such as going down to garages to rescue vehicles and driving on flooded roads.

Preventing future tragedies

The good news is that there are actions we can take to prevent similar weather events from having such tragic consequences in the future. They can include the following measures:

Characterise the uncertainty of risk analysis: Maps must be developed that quantify the probability of flooding in different areas as a percentage. This approach enables more effective land use planning – areas with a higher likelihood of flooding have greater restrictions, while areas with a lower probability can be used for purposes that entail a certain degree of risk.

Map of flood risk probability. Red is the highest risk, followed by orange and green. Bodoque et al., 2023, CC BY-SA

Integrate vulnerability and resilience into risk management: Develop indices to identify areas where the population is less able to adapt, as well as unsuitable housing conditions (ground floors, basements), mobility limitations or social isolation. With this information, authorities can design specific evacuation plans for vulnerable populations, establish neighbourhood support networks, and prioritise improvements to the most vulnerable homes.

The areas of Castile and León that appear coloured on the map are vulnerable to flash floods. The clusters represent groups of towns with similar vulnerability characteristics. Aroca-Jiménez et al., 2022, CC BY-NC-SA

Mitigate risk through structural measures: Among other things, this could include more efficient urban drainage systems, as well as dams at the head of rivers and storm tanks to mitigate flash floods. Self-protection measures in homes should also be promoted. These include permanent automatic water pressure barriers, pneumatic floodgates and watertight doors.

Leer más: Beyond sandbags – how to defend your house from flooding

Improve risk awareness: Communication plans must be designed to increase public awareness of flood risks. Compulsory risk education programmes should be part of all non-university education, as proposed in the Civil Protection Emergency Training Plan.

Photography and video competition on flooding as part of the risk communication plan for Navaluenga, Ávila. Bodoque et al., 2019, CC BY-NC-SA

Promote participatory governance: Strengthening social capital is an effective way to improve community resilience. It enables participatory governance by creating spaces for dialogue where stakeholders (civil society, authorities, experts) can engage in decision-making on risk management.
Implement a decision support system (DSS): A DSS must be implemented that connects AEMET data with the records of the Júcar Hydrographic Confederation in real time. The DSS would provide continuously updated information on rainfall intensity and water depth, enabling quick decision-making and reducing the need for consultations between administrations.

Successful flood risk management demands a profound transformation that combines scientific knowledge, citizen participation and political will. The experience gained must translate into better informed and prepared societies, capable of anticipating and adapting to an increasingly challenging climate context.

José María Bodoque no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

Un año después de la dana: lecciones aprendidas y tareas pendientes para evitar una catástrofe similar en el futuro

2025-10-28T23:19:02Z

La rambla o barranco del Poyo a su paso por el municipio de Chiva (Valencia) tras el paso de la dana en octubre de 2024. BlackFarm/Shutterstock

La dana que el 29 de octubre de 2024 afectó a varias regiones del este de la península ibérica constituyó el episodio de precipitación más extremo del siglo XXI en España. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este fenómeno se formó porque una bolsa de aire frío en altura se situó entre el golfo de Cádiz y el estrecho de Gibraltar, empujando aire muy húmedo desde el Mediterráneo hacia la costa. Las tormentas se organizaron en cadenas que durante horas se reactivaron repetidamente sobre las mismas localizaciones.

La AEMET registró en Turís (Valencia) 185 litros por metro cuadrado (l/m²) en una hora y 772 l/m² en 24 horas. La combinación de intensidades extremas y persistencia espaciotemporal desencadenó crecidas relámpago en pocas horas.

La Confederación Hidrográfica del Júcar estimó caudales máximos de 3 500 metros cúbicos por segundo (m³/s) en el cruce de la rambla del Poyo con la A-3 y 2 400 m³/s en el río Magro, a la entrada de la presa de Forata.

Vista de satélite de la dana sobre Valencia y su entorno el 29 de octubre de 2024 a las 6:30 horas. EUMETSAT, CC BY-NC-SA

Además de los 229 fallecidos en la Comunidad Valenciana, se registraron víctimas en Castilla-La Mancha (una en Mira, Cuenca, y seis en Letur, Albacete) y en Andalucía (una en Alhaurín de la Torre, Málaga). Del total, 68 fueron hallados en las plantas bajas de viviendas y 35 en aparcamientos y sótanos. Según el Centro de Integración de Datos (CID), más de la mitad de las víctimas tenía 70 años o más, con 15 personas de 90 años o más. El mayor porcentaje de fallecidos (24 %) se encontraba en la franja de 80 a 89 años.

¿Qué factores contribuyeron a la tragedia?

La urbanización de espacios fluviales se intensificó durante el desarrollismo español (décadas de 1960 y 1970 del siglo pasado) y, más tarde, durante la burbuja inmobiliaria (1997-2008). De las 75 000 viviendas afectadas por las inundaciones, el 31 % se construyeron en este segundo período. Además, la vulnerabilidad física de las edificaciones agravó la tragedia, pues muchas plantas bajas, situadas a pie de calle, se convirtieron en trampas mortales al quedar inundadas.

A las 7:36 horas del 29 de octubre, la AEMET activó una alerta roja por lluvias extremas. Según la Generalitat Valenciana, la Confederación Hidrográfica del Júcar informó que a las 12:07 horas la rambla del Poyo había superado el umbral de prealerta. El caudal alcanzó los 1 686 m³/s a las 18:43 horas.

La Generalitat Valenciana no activó el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) hasta las 17:00 horas, y la alerta del sistema ES_Alert no se difundió hasta las 20:28 horas, cuando muchas zonas ya se encontraban inundadas.

Leer más: ¿Cómo funciona el sistema de alerta de emergencias ES_ALERT utilizado en la dana de Valencia?

Aunque el Gobierno central ofreció apoyo desde las primeras horas, hubo controversia sobre el nivel de su implicación al no asumir la dirección plena mediante la declaración de emergencia de interés nacional (nivel de situación 3 de protección civil).

La baja percepción del riesgo de la población, junto con el retraso de la alerta ES_Alert, fueron determinantes. Un factor clave fue que no estaba lloviendo en muchos de los municipios afectados, lo que generó una falsa percepción de seguridad entre los vecinos. Esta confianza llevó a la adopción de comportamientos de riesgo, como bajar a los garajes para rescatar vehículos, y a circular en tramos anegados de la red de carreteras.

Leer más: ¿Qué hizo a la dana tan destructiva? Factores ambientales y humanos

¿Cómo podemos mitigar el impacto de futuras danas?

Para evitar que futuros fenómenos meteorológicos similares tengan unas consecuencias tan trágicas, podemos llevar a cabo diferentes acciones.

Caracterizar la incertidumbre del análisis de riesgos: hay que elaborar mapas probabilísticos que incorporen rangos de incertidumbre, que permitan cuantificar la probabilidad de inundación en diferentes zonas (por ejemplo, 70 % frente a 30 %). Esta aproximación permite una ordenación del territorio más efectiva, en la que las áreas con mayor probabilidad de inundación tengan mayores restricciones, mientras que las zonas con menor probabilidad se pueden destinar a usos compatibles con cierto nivel de riesgo.

Mapa de riesgo por inundaciones basado en probabilidades. De mayor a menor riesgo: rojo, naranja y verde. Bodoque et al., 2023, CC BY-SA

Integrar la vulnerabilidad y resiliencia en la gestión del riesgo: conviene desarrollar índices de vulnerabilidad y resiliencia para identificar las áreas donde reside la población con menor capacidad adaptativa, condiciones habitacionales inadecuadas (plantas bajas, sótanos), limitaciones de movilidad o aislamiento social. Con esta información, las autoridades pueden diseñar planes de evacuación específicos para la población vulnerable, establecer redes de apoyo vecinal y priorizar mejoras en las viviendas más vulnerables.

Los municipios de Castilla y León que aparecen coloreadas en el mapa presentan una problemática de vulnerabilidad por crecidas súbitas. Los clusters representan grupos de municipios con características de vulnerabilidad similares. Aroca-Jiménez et al., 2022, CC BY-NC-SA

Mitigar el riesgo mediante medidas estructurales: entre otras medidas, se requieren sistemas de drenaje urbano más eficientes, así como presas en las cabeceras de los torrentes y tanques de tormenta que laminen las crecidas relámpago. Asimismo, convendría promover medidas de autoprotección en las viviendas (e.g., barrera permanente automática por presión de agua, compuerta abatible neumática, puerta estanca).
Mejorar el conocimiento del riesgo: hay que diseñar planes de comunicación que incrementen el conocimiento ciudadano sobre los riesgos de inundación, así como incorporar programas obligatorios de educación en el riesgo en los currículos de todas las etapas educativas no universitarias, tal y como se ha propuesto en el Plan de Formación ante emergencias de Protección Civil.

Concurso de fotografías y videos sobre inundaciones como parte del plan de comunicación del riesgo de Navaluenga, Ávila. Bodoque et al., 2019, CC BY-NC-SA

Hacia una gobernanza participativa: el fortalecimiento del capital social es una estrategia eficaz para mejorar la resiliencia comunitaria, actuando como facilitador de la gobernanza participativa al crear espacios de diálogo donde las partes interesadas (sociedad civil, autoridades, expertos) pueden involucrarse en la toma de decisiones sobre la gestión del riesgo.
Implantación de un sistema de ayuda a la decisión (SAD): hay que implantar un SAD que conecte en tiempo real los datos de la AEMET con los registros de la Conferencia Hidrográfica del Júcar. El SAD ofrece información de actualización continua sobre la intensidad de la lluvia o la profundidad del agua, facilitando la toma de decisiones y acortando las consultas entre administraciones.

La gestión exitosa del riesgo de inundación exige una transformación profunda que combine el conocimiento científico, la participación ciudadana y la voluntad política. La experiencia acumulada debe traducirse en sociedades mejor informadas y preparadas, capaces de anticiparse y adaptarse a un contexto climático cada vez más desafiante.

Óxido nitroso: un gas gracioso, un problema serio

2025-10-26T23:49:01Z

DyziO/Thunderstock

Probablemente haya oído hablar de él, o incluso lo haya respirado en la consulta del dentista. El óxido nitroso (N₂O), conocido popularmente como “el gas de la risa”, se utiliza desde hace más de un siglo como anestésico por su efecto sedante y euforizante.

Lo que quizá no sepa es que este mismo gas también se produce de forma natural en los campos de cultivo. Por ejemplo, la producción de cebada utilizada para elaborar los más de siete millones de litros de cerveza consumidos durante la Oktoberfest de 2024 de Alemania habría liberado suficiente N₂O como para anestesiar durante media hora a más de 2 700 personas.

Lamentablemente, ese gas no terminó en una clínica dental.

Un gas no tan divertido

El óxido nitroso es el tercer gas de efecto invernadero más importante después del dióxido de carbono (CO₂) y el metano. Tiene un potencial de calentamiento global 300 veces superior al del dióxido de carbono y permanece en la atmósfera durante más de un siglo. Además, es actualmente el principal responsable de la destrucción de la capa de ozono.

El N₂O siempre se forma en pequeñas cantidades porque es parte natural del ciclo del nitrógeno, pero el problema actual es que su concentración atmosférica ha aumentado considerablemente debido a las actividades humanas, especialmente la agricultura.

Los cultivos son responsables de hasta el 80 % de las emisiones humanas de N₂O, y su origen está directamente relacionado con el uso masivo de fertilizantes nitrogenados.

Pero ¿cómo se transforma el nitrógeno del fertilizante en este gas tan problemático? La clave está en la microbiología del suelo.

Leer más: Cambio climático: las emisiones de óxido nitroso se disparan con la creciente demanda de fertilizantes y carne, pero hay soluciones

Una cuestión de microbios

Cuando aplicamos fertilizantes nitrogenados al suelo, añadimos formas químicas de nitrógeno como el amonio (NH₄⁺) o el nitrato (NO₃⁻), que no solo alimentan a las plantas, sino que también activan el metabolismo de millones de microorganismos en los suelos agrícolas. Muchos de ellos participan en el ciclo biogeoquímico del nitrógeno.

Bacterias, arqueas y hongos pueden generar óxido nitroso por dos grandes vías biológicas: la nitrificación (en presencia de oxígeno) y, sobre todo, la desnitrificación (cuando este escasea), ambas mediadas por enzimas, unas moléculas específicas que facilitan y aceleran las reacciones químicas.

Nitrificación: cuando sobra el oxígeno

La nitrificación es una ruta aeróbica (en presencia de oxígeno) que transforma el amonio (NH₄⁺) en nitrato (NO₃⁻). La reacción se da en dos pasos principales. La primera es la oxidación de NH₄⁺ a nitrito (NO₂⁻) por parte de bacterias y arqueas oxidantes de amonio. La segunda parte consiste en la oxidación de NO₂⁻ a NO₃⁻ por parte de bacterias oxidantes de nitrito.

Este proceso también puede generar óxido nitroso. En condiciones de oxígeno limitado y humedad intermedia, los microorganismos activan un mecanismo alternativo, conocido como nitrificación-desnitrificante, en el que reducen el nitrito a óxido nitroso en lugar de seguir oxidándolo. Este desvío metabólico se activa como vía energética cuando el oxígeno escasea.

Desnitrificación: cuando falta el oxígeno

Cuando el suelo está saturado de agua o hay poco oxígeno, otras bacterias entran en acción llevando a cabo la desnitrificación. En esta vía, los microorganismos transforman el nitrato (NO₃⁻) en gases intermedios como el óxido nitroso (N₂O) y, finalmente, en nitrógeno molecular en forma de gas (N₂) mediante diferentes reacciones químicas y enzimas.

Aunque se pierde nitrógeno del suelo, el N₂ no es contaminante, ya que constituye la mayor parte del aire. Ahora bien, el ciclo no siempre termina de forma limpia porque algunas bacterias no son capaces de completar el proceso y solo generan óxido nitroso (N₂O).

Durante mucho tiempo se pensó que solo las bacterias podían desnitrificar, pero hoy sabemos que algunos hongos también participan en este proceso. Sin embargo, a diferencia de las bacterias, su desnitrificación es siempre incompleta y termina en óxido nitroso, sin llegar a formar nitrógeno molecular (N₂).

¿Podemos evitar la emisión de óxido nitroso?

Estos metabolismos microbianos están activos siempre que haya nitrógeno disponible, ya provenga de la fertilización o de la fijación natural. Sin embargo, en los sistemas agrícolas, al haber grandes aportes de nitrógeno, estos procesos se intensifican.

Por tanto, las formas de nitrógeno que provienen de fertilizantes y no son absorbidas por las plantas son las que más contribuyen a activar estas rutas microbianas y, en consecuencia, a la producción de gases como el N₂O.

El problema no es únicamente la cantidad de fertilizante que usamos, sino que una parte importante del nitrógeno siempre se pierde en el ambiente, ya sea hacia aguas subterráneas o en forma de gases. Aunque solo una fracción relativamente pequeña acaba transformándose en óxido nitroso, su enorme impacto climático y sobre la capa de ozono lo convierte en un problema serio.

No hay gran diferencia entre usar fertilizantes químicos o naturales, ya que ambos aportan nitrógeno. Lo más importante es la cantidad. Si la dosis se ajusta más a las necesidades de las plantas, las pérdidas al medio disminuyen.

Leer más: Fertilizantes que se adaptan al ‘hambre’ de las plantas para reducir su impacto ambiental

Además de mejorar la eficiencia de los fertilizantes, es necesario buscar además formas de inhibir o reducir la producción de N₂O durante los procesos biológicos.

Por ello, entender cómo los microorganismos del suelo transforman el nitrógeno es clave para diseñar estrategias agrícolas más sostenibles. Algunas líneas de investigación, como el uso de inhibidores de la desnitrificación, buscan precisamente eso: frenar la producción de N₂O sin reducir el rendimiento. Porque, aunque el gas de la risa suene simpático, en el contexto del cambio climático, no tiene ninguna gracia.

La versión original de este artículo ha sido publicada en la Revista Telos, de Fundación Telefónica.

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

Petróleo en la desembocadura del Amazonas: Brasil continúa con la expansión silenciosa de sus fronteras fósiles

2025-10-24T16:32:57Z

La desembocadura del río Amazonas, en una imagen de satélite. European Space Agency, CC BY

Mientras el mundo debate formas de contener el calentamiento global, Brasil sigue ampliando sus fronteras de exploración de petróleo y gas. El pasado miércoles 22 de octubre, la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) llevó a cabo una subasta del 3º Ciclo de la Oferta Permanente de Participación (OPP), que concedió cinco bloques de exploración en el llamado polígono del presal –la mayor reserva petrolera del país– a empresas nacionales y extranjeras.

El resultado, que amplió en un 50 % el área de exploración bajo el régimen de reparto, se produjo solo un día después de que el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) autorizara la perforación en el bloque FZA-M-59, en la cuenca marina de Foz do Amazonas, frente a la desembocadura de este río, y refuerza la contradicción entre el discurso climático del Gobierno y la continuidad de la expansión fósil.

Este modelo de oferta continua de bloques exploratorios en el polígono del presal y áreas estratégicas, creado en 2017 bajo el Gobierno de Michel Temer, transformó el territorio brasileño en un gran tablero de licitaciones permanentes. Los bloques no adjudicados en subastas anteriores siguen disponibles indefinidamente, y el resultado es una expansión silenciosa de las fronteras fósiles, sin el mismo nivel de debate público que las megalicitaciones del pasado.

Compromiso con un modelo obsoleto

La justificación del Gobierno es la de siempre: generar ingresos y puestos de trabajo. Pero detrás de la recaudación inmediata con los bonos de suscripción, el país renueva su compromiso con un modelo energético obsoleto. Hoy en día, Brasil es el sexto mayor emisor de gases de efecto invernadero del planeta, y las emisiones relacionadas con la explotación y la quema de petróleo y gas, por sí solas, superan los objetivos de reducción previstos por la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) para 2033.

Desde el inicio de la explotación del presal en 2010, la producción de petróleo prácticamente se ha duplicado, pasando de 856 millones a 1 550 millones de barriles equivalente de petróleo –una unidad de medida que equivale a la energía liberada al quemar un barril de petróleo crudo– al año en 2024. Este crecimiento contrasta con la promesa de una transición energética justa y sitúa al país en una posición de liderazgo entre los que más expanden el uso de combustibles fósiles.

Según el informe The Money Trail Behind Fossil Fuel Expansion in Latin America and the Caribbean, elaborado por el Instituto Internacional ARAYARA y la ONG Urgewald, Brasil representa el 45 % de la nueva expansión del petróleo y el gas en toda América Latina, con 11 000 millones de barriles equivalente de petróleo previstos. El país también lidera la expansión de gasoductos, con más de 3 000 kilómetros previstos, parte de los cuales conectarán el presal y la Amazonia con nuevos polos industriales y portuarios.

La 3ª OPP se celebró en un contexto aún más controvertido: el Ibama autorizó la perforación en el bloque FZA-M-59, en la cuenca de Foz do Amazonas, abriendo la primera frontera de exploración petrolera en la costa amazónica. La decisión, tomada menos de un mes antes de la COP30, que se celebrará en Brasil (en la ciudad de Belém), pone de manifiesto la contradicción entre el discurso climático del Gobierno y su práctica energética.

Licencias contrarias a los dictámenes técnicos

La concesión de licencias a la empresa petrolera brasileña Petrobras –que ya representa el 29 % de la expansión de los combustibles fósiles en América Latina– se autorizó a pesar de los dictámenes técnicos contrarios de los propios funcionarios del Ibama y sin consultar previamente a las comunidades pesqueras y los pueblos indígenas, como exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Se trata de un precedente peligroso. El bloque FZA-M-59 es solo el primero de decenas que pueden ser liberados en el Margen Ecuatorial brasileño, una franja que se extiende desde el estado de Amapá hasta Río Grande do Norte y alberga uno de los ecosistemas marinos más sensibles del planeta.

La región se ha convertido en escenario de una disputa cada vez más encarnizada por nuevas áreas de exploración. En el [5º ciclo de la Oferta Permanente de Concesión](https://docs.google.com/document/d/1H7aleLcJgrIKiRg9eu180Vsf1tJlbJ_i7dlqk86pM7w/edit?tab=t.0 “), por ejemplo, de los siete bloques disputados entre los consorcios Chevron/CNPC y Petrobras/ExxonMobil, la asociación entre China y Estados Unidos salió victoriosa en la zona del cono del Amazonas, estimada por la Agencia de Investigación Energética ([EPE]) en 4 200 millones de barriles de petróleo equivalente.

Esta carrera por el petróleo en plena costa amazónica, sumada al riesgo de derrames, la contaminación acústica de las plataformas, la restricción de la pesca y la amenaza a la biodiversidad, desmonta el argumento de una supuesta "explotación responsable”.

Una decisión política, no energética

Mientras el Gobierno busca proyectar al país como líder internacional en materia climática, sus decisiones indican lo contrario. Brasil sigue abriendo nuevas áreas de exploración y fortaleciendo la presencia de gigantes extranjeros como Shell, Chevron, Total, CNPC y Qatar Energy, todos aptos para participar en la OPP.

La justificación de que el presal entrará en declive después de 2030 choca con el hecho de que el 70 % de las áreas bajo el régimen de reparto aún no han sido explotadas, lo que revela una vez más una elección política más que una necesidad energética.

En vísperas de la COP30, la pregunta es inevitable: ¿cómo puede el país que acogerá la principal conferencia sobre el clima abrir al mismo tiempo la explotación petrolera en el corazón de la Amazonia? La concesión de licencias en Foz y la nueva subasta de bloques exponen la misma lógica: posponer la transición energética en nombre de una falsa seguridad económica.

El avance silencioso de las fronteras fósiles no es solo una cuestión medioambiental: es una decisión sobre el tipo de futuro que elige Brasil. Un futuro de dependencia, emisiones y vulnerabilidad, o uno de innovación, justicia climática y soberanía energética. Lo que está en juego, más que barriles de petróleo, es la coherencia de un país que dice querer liderar al mundo hacia un planeta sostenible.

Urias de Moura Bueno Neto es coordinador de Medio Ambiente e Ingeniería del Instituto Internacional ARAYARA.

Corrientes marinas: ¿se está acelerando el pulso de los océanos?

2025-10-23T17:08:26Z

Visualización de las corrientes oceánicas en el Atlántico confeccionada por la NASA.

“Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar”

Jorge Manrique

Desde hace siglos, el mar ha sido fuente de misterio y poesía. Pero también de desafíos que ya no podemos ignorar. Hoy no solo hablamos del océano desde la mirada del navegante o del poeta, sino también desde la del científico que trata de descifrar cómo esos ríos invisibles –las corrientes marinas– están cambiando. Porque sí, hay ríos en el mar.

El océano está en continuo movimiento. Sus corrientes transportan calor, oxígeno, carbono y nutrientes, desempeñando un papel esencial en la regulación del clima y en la dispersión de contaminantes, microplásticos y larvas de peces, además de influir en procesos meteorológicos y climáticos a escala regional y global.

Algunas de estas corrientes se están volviendo más rápidas, más intensas, como si el pulso del océano se acelerara. ¿Está aumentando su energía? ¿Qué lo causa? Todavía no tenemos todas las respuestas, pero lo estamos vigilando de cerca.

El ritmo del mar se acelera

Comprender la dinámica de estas corrientes es clave para mejorar la gestión del océano y anticipar los efectos del cambio climático. En un análisis de tres décadas de datos satelitales hemos mostrado que la energía de los remolinos –responsables de cerca del 90 % del movimiento del océano– está creciendo de forma global, con un pulso especialmente fuerte en regiones como la corriente del Golfo o de Kuroshio. Señales que invitan a revisar cómo los modelos climáticos representan la circulación oceánica.

Leer más: Así afectará el cambio climático al oleaje de los océanos, las rutas marítimas y la geopolítica

Durante los últimos treinta años, la altimetría de alta precisión, la ciencia de que se ocupa de medir las alturas de los diferentes puntos de la superficie del planeta, ha transformado nuestra comprensión de la circulación oceánica. Misiones como TOPEX/POSEIDON, ERS-1 y ERS-2, Jason-1/2/3, ENVISAT, Geosat Follow-On, CryoSat, SARAL/AltiKa y Sentinel-3A/B han permitido medir con gran exactitud la topografía superficial del mar. Y, a partir de ella, inferir la dinámica de las corrientes oceánicas.

Así, con un solo satélite se pudo detectar el aumento del nivel medio del mar asociado al cambio climático y observar fenómenos de gran escala como El Niño. La combinación de varios altímetros permitió cartografiar estructuras más pequeñas, como remolinos y meandros, y analizar la variabilidad de mesoescala (dimensión intermedia en el estudio de fenómenos) donde se concentra la mayor parte de la energía del océano.

Leer más: Exploramos el océano Índico como si fuera un archivo histórico (por encima y por debajo de su superficie)

Lo que las nuevas tecnologías nos dejan ver

En nuestro grupo de investigación hemos trabajado durante años para reunir datos, diseñar métodos y analizar ese latido del océano. Ciencia de fondo, que necesita tiempo y equipos. Y ahora, con la nueva misión altimétrica SWOT, podemos ver más que nunca.

La colaboración internacional en campañas de observación coordinada –que combinan satélites, boyas, gliders (submarinos autónomos) y mediciones in situ– está permitiendo obtener un retrato más completo de estas corrientes.

En la zona en torno a las Islas Baleares se han desarrollado experimentos específicos para calibración y validación de la misión, convirtiéndose en una de las áreas oficiales de referencia para este propósito.

Una de esas campañas la lideramos desde el IMEDEA(CSIC-UIB) y se ha demostrado que SWOT es capaz de detectar remolinos de apenas una decena de kilómetros con una precisión que antes era imposible. Son pequeñas estructuras que concentran energía y nutrientes y que pueden alterar el transporte de calor a escalas regionales.

Pero este logro tecnológico, como pasa con cada avance científico, es fruto de una historia colectiva. Detrás de SWOT hay una comunidad internacional –la comunidad altimétrica– que, con enorme esfuerzo y cooperación, ha conseguido medir el nivel del mar con precisión de centímetros desde satélites a más de 800 kilómetros de altura.

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Un océano que se calienta

Observar el mar no es un lujo: es una necesidad. Nos ayuda también a entender si aumentan las olas de calor marinas, cómo cambian los ecosistemas y cómo podemos anticipar los impactos del cambio climático.

Precisamente en este mar Balear, la temperatura superficial ha subido en los últimos cuarenta años a un ritmo cercano a cuatro centésimas de grado por año. Los episodios de calor extremo de 2003 o 2022 siguen grabados en la memoria de sus aguas, recordándonos que el calentamiento es ya parte de nuestro presente.

Pero observar no basta: hace falta interpretar. Y ahí entran los equipos científicos, que cada día dan sentido a esos datos. La ciencia se construye en equipo, con ética, dedicación y pasión. Las nuevas generaciones nos ayudan a adaptarnos, a mirar desde otros ángulos. Nos recuerdan que aún hay espacio para el asombro.

Cuando un terremoto sacude las costas rusas y provoca un tsunami que viaja miles de kilómetros, no es solo una noticia lejana: es una advertencia. El océano no entiende de fronteras. Nos afecta a todos y todas.

Por eso, observar, medir y comprender el océano es un acto de cuidado hacia nosotros mismos y hacia el planeta.

Ananda Pascual Ascaso recibe fondos de los proyectos FaSt-SWOT (PID2021-122417NB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, la Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (MCIN/AEI/10.13039/501100011033/FUE); del “Sea Level Thematic Assembly Center” (SL-TAC), financiado por el Servicio Marino de Copernicus; y del proyecto europeo “Ocean observations and indicators for climate and assessments” (ObsSea4Clim), financiado por el Programa de Horizonte Europa de la Unión Europea, bajo el acuerdo de subvención nº 101136548. Este trabajo se desarrolla en el marco de las actividades del Centro de Excelencia María de Maeztu otorgado al IMEDEA (CSIC-UIB) (CEX2021-001198).

La pérdida invisible de agua: uno de cada diez litros se evapora en los embalses españoles

2025-10-23T17:08:23Z

Cuber, embalse en las laderas del Puig Major, parque natural de la Sierra de Tramuntana, Mallorca tolobalaguer.com/Shutterstock

España figura entre los países con mayor capacidad de regulación de agua per cápita en embalses del planeta. Su red de presas puede retener un volumen equivalente a la mitad del caudal anual de todos los ríos peninsulares.

Esta infraestructura ha sido fundamental para el desarrollo agrícola, energético e industrial durante el último siglo. El modelo está orientado, sobre todo, al abastecimiento del regadío, que actualmente consume alrededor del 80 % del agua disponible. En seis décadas, la superficie irrigada se ha duplicado, pasando de 1,8 millones de hectáreas en 1960 a 3,7 millones en 2018.

La paradoja del agua almacenada

Esa enorme capacidad de almacenamiento esconde una paradoja hidrológica: almacenar agua implica su pérdida. Según un estudio que nuestro equipo de investigación acaba de publicar, cada año se evapora cerca del 10 % del volumen embalsado, unos 2 000 hectómetros cúbicos, equivalentes a 5 embalses de Yesa o 47 de Pajares llenos al 100 %.

Desde 1961, la pérdida acumulada supera los 114 000 hm³, un volumen similar a las aportaciones de caudal de toda la cuenca del Ebro durante una década. Pese a su magnitud, esta pérdida sigue sin contabilizarse en los ciclos de planificación hidrológica.

Leer más: ¿Cuánta agua hay de verdad en los embalses españoles?

Cuanto más se llena el embalse, más agua se pierde

El análisis de 362 embalses, que representan el 94 % de la capacidad total, muestra un aumento sostenido de las pérdidas de 27,7 hm³ al año entre 1961 y 2018. En las dos últimas décadas, las pérdidas anuales superaron los 2 600 hm³, convirtiendo la evaporación en un componente estructural —y hasta ahora ignorado— del balance hídrico nacional.

El incremento de la evaporación no se debe tanto al cambio climático como al efecto combinado de la expansión de la red de embalses y la cantidad de agua almacenada. La influencia del crecimiento en número y tamaño de presas ha sido 22 veces mayor que la del clima, y la del volumen embalsado, 7 veces superior.

Cada hectárea de lámina de agua actúa como intercambiador directo con la atmósfera: debido a su topografía, cuanto más se llena un embalse, mayor es la superficie expuesta y mayores son las pérdidas. A ello se suma la mayor capacidad de retención de vapor de agua de la atmósfera a medida que ésta se calienta, lo cual incrementa las tasas de evaporación.

En las cuencas del Júcar y Segura, las más áridas, la fracción evaporada entre 1961 y 2018 superó el 11 % del agua almacenada, frente al 8,3 % de la media nacional.

Leer más: Emergencia hídrica: ¿Está el cambio climático detrás del descenso del nivel de los embalses?

Un coste invisible y proyecciones preocupantes

La evaporación media anual —unos 2 000 hm³— equivale al 46 % del consumo urbano español. Y sus pérdidas económicas están estimadas en 800 millones de euros al año. En términos hidrológicos, supone una reducción efectiva de los recursos disponibles, pero esta pérdida no aparece reflejada en la planificación hidrológica 2022–2027, que aún no contempla la evaporación como variable de ajuste.

Las simulaciones climáticas para el escenario de altas emisiones (SSP5-8.5) prevén un aumento del 35 % de las pérdidas por evaporación en embalses a finales de siglo, alcanzando cerca de 3 000 hm³ anuales. En ese contexto, la fracción evaporada podría llegar al 20 % del agua almacenada, más del doble del promedio histórico (1961-2018). Y supondría perder hasta 2 de cada 10 litros almacenados.

Las cuencas del Guadiana, Tajo, Ebro y Duero se perfilan como las más vulnerables, por su gran capacidad de retención y el incremento de las temperaturas, con pérdidas proyectadas de 600 a 700 hm³ por año.

Leer más: El incierto futuro del delta del Ebro

¿Qué hacer cuando el remedio se convierte en problema?

El modelo tradicional, basado en aumentar la capacidad de almacenamiento para hacer frente a las sequías, se revela ineficiente en un clima más cálido y seco, donde la demanda evaporativa de la atmósfera crece sin cesar. En estas condiciones, los embalses pierden parte de su función de reserva estratégica: una fracción del agua simplemente se desvanece.

Ante este escenario, las soluciones pasan por incorporar la evaporación en el balance oficial de recursos y redefinir la gestión operativa de los embalses. Mantener niveles intermedios de llenado, reducir la permanencia de grandes volúmenes durante los meses de máxima evaporación y aplicar tecnologías de supresión —como cubiertas flotantes, láminas monomoleculares o estructuras de sombreado parcial — son medidas técnicas viables, especialmente en embalses pequeños.

También se plantea introducir “créditos de evaporación” en los sistemas de asignación de agua, de forma que las pérdidas atmosféricas se contabilicen en el precio del agua y se incentive así su reducción.

Leer más: La sequía agrícola en Europa es cada vez más frecuente, intensa y duradera

Una fuga estructural del sistema

La evaporación en los embalses se ha convertido en una de las principales causas de pérdida de agua en España, comprometiendo la seguridad hídrica, el abastecimiento agrícola y la producción hidroeléctrica.

Desde una perspectiva hidrológica, el mensaje es inequívoco: el agua almacenada no siempre permanece disponible. Una parte significativa se evapora y retorna a la atmósfera, cerrando el ciclo de forma poco eficiente para los usos humanos.

En un país cada vez más cálido y con menor escorrentía, gestionar el agua ya no puede limitarse a retenerla. Es necesario medir, contabilizar y reducir las pérdidas que genera el propio almacenamiento.

Incorporar la evaporación a la planificación hidrológica no es un detalle técnico, sino una condición estratégica para mantener la coherencia y sostenibilidad del sistema hidrológico español en un contexto climático de calentamiento acelerado.

Celso García recibe fondos de Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Sergio Vicente Serrano recibe fondos de Ministerio de Ciencia.

Enrique Morán Tejeda y Jorge Lorenzo Lacruz no reciben salarios, ni ejercen labores de consultoría, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del puesto académico citado.

Governments can’t achieve their climate goals if they don’t include local communities

2025-10-23T07:54:08Z

A farmer harvests olives in Jaén, Andalucia (Spain). Digicomphoto/Shutterstock

Climate change is no longer some abstract, future threat. It is now a present problem, and its impact will become exponentially worse if we fail to respond with robust adaptation and mitigation plans.

While the whole planet faces serious climate challenges, some areas are inherently more vulnerable than others. This vulnerability depends not only on geographical and ecological factors, but also on the the ability of these areas’ inhabitants to adapt.

Local communities are key to creating adaption and mitigation plans that are not only effective, but also socially just and culturally sustainable. Their inclusion is not an optional extra – it is vital for a successful ecological transition.

The Mediterranean region under threat

The Mediterranean is one of the European regions most vulnerable to the impacts of global warming. This is the result of its combination of fragile ecosystems, densely populated coastline, and economies dependent on tourism and agriculture.

Leer más: Europe's climate is changing fast – here's how it's affecting people and the economy

In a recent study, we analysed how energy transition policies can preserve and improve the health and wellbeing of societies in the Mediterranean. The results for countries such as Spain, Greece and Montenegro revealed that these territories have developed various mechanisms to achieve their climate goals at multiple levels: from national policies to local plans and actions.

However, the same analysis highlights a crucial truth: environmental objectives must be tailored to local development needs. Otherwise, there is a risk that large-scale policies will ignore the unique needs and circumstances of each individual community.

Failing to plan on a large scale

A lack of attention to local characteristics has led to notable shortcomings in the implementation of climate policies. This oversight not only compromises the effectiveness of mitigation measures, but also threatens cultural identity and endangers these areas’ natural resources.

A clear example can be found in approaches to traditional agriculture. A policy that promotes intensive, technology-driven agriculture may help to guarantee short-term food security and self-sufficiency in these areas, but ancient farming methods, though less productive in the short term, are often more sustainable, use water more efficiently, and preserve local biodiversity. Failure to take this ancestral knowledge into account means a valuable opportunity to integrate local knowledge into climate solutions is missed.

Similarly, urban interventions that fail to involve residents can meet resistance and fail. New public transport systems or the promotion of renewable energy will only be successful if they are aligned with citizens’ lifestyles and daily needs. When a policy is imposed without the support and understanding of the community, it becomes an imposition that can be rejected or ignored.

Leer más: How to make climate action popular

Meaningful interventions

Regional and local plans require much more than government involvement. Citizens must also actively participate in the process, moving from being mere recipients of policies to active agents of change. The different regions we analysed in our study apply various strategies to include local populations and address climate change.

Currently, the most successful mechanisms focus on jointly creating solutions. This means going beyond superficial public consultations and establishing genuine participation mechanisms, such as collaborative workshops, participatory budgeting, and the formation of citizen climate councils. In these forums, residents can contribute their empirical knowledge about the territory, its resources, and its vulnerabilities, allowing policies to be adapted in an intelligent and flexible way.

Environmental education at the local level is also a powerful tool for empowering communities, as it gives them the information they need to make informed decisions about energy consumption, waste management and sustainable mobility.

Leer más: Five ways to make cities more resilient to climate change

At the municipal level, new climate plans tend to emphasise urban interventions. They promote energy-saving measures in buildings, reducing the use of fossil fuels and promoting renewable energy sources such as solar photovoltaic panels instead. They also promote efficient transport through the expansion of cycle lanes and the improvement of public transport services. In addition, they invest in smart data systems to optimise the use of resources.

All these actions, although small in scale, have a massive cumulative impact when coordinated effectively.

A resilient future

The fight against climate change is a global challenge, but its most effective and sustainable solutions are inherently local. Communities, with their deep knowledge of their environment and culture, are a unique resource that must be actively integrated into mitigation plans. The ecological transition cannot be a purely technological, scientific, political or economic process – it is also a social and cultural process.

Ignoring the specific needs of local communities and failing to include them in decision making not only limits the effectiveness of policies, but also creates a gap between governments and society. An approach that respects cultural identity and empowers communities through the joint creation of solutions is the only viable path towards a resilient and sustainable future.

Only when people feel that they are part of the solution, and not just part of the problem, can the collective action needed to tackle the climate challenges ahead be achieved. Global success will depend on our ability to act with intelligence and empathy at the local level.

A weekly e-mail in English featuring expertise from scholars and researchers. It provides an introduction to the diversity of research coming out of the continent and considers some of the key issues facing European countries. Get the newsletter!

Alexandra Delgado Jiménez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

La sostenibilidad no se consigue en solitario: así se tejen las redes verdes

2025-10-22T19:49:41Z

Sansoen Saengsakaorat/Shutterstock

En plena transición ecológica, las empresas saben que deben reducir emisiones, ahorrar materiales o usar energías limpias. Pero innovar de forma sostenible no es fácil. Requiere tiempo, dinero y asumir riesgos. No basta con la voluntad: hacen falta aliados adecuados.

¿Cómo conseguir ser innovador y sostenible?

La pregunta es clara: ¿cómo pueden las empresas ser innovadoras y sostenibles a la vez? La respuesta está en las redes de colaboración.

En la práctica, las empresas no trabajan solas. Dependen de proveedores que suministran materias primas, de clientes que marcan tendencias, de universidades que generan conocimiento, de centros de investigación que aportan tecnología y de consultoras que aportan servicios especializados. Incluso los competidores, a veces, participan en ese ecosistema.

La clave está en tejer estas relaciones con inteligencia. No todos los socios aportan igual, ni en todo momento. Una buena colaboración acelera la innovación. Una mala elección la frena y aumenta costes.

Leer más: Innovación social: una oportunidad para la sostenibilidad empresarial

Colaborar para ‘ecoinnovar’: ¿con quién?

Nuestro estudio de 3 500 empresas españolas publicado en la revista Business Strategy and the Environment responde a esta pregunta. Muestra las colaboraciones que impulsan las innovaciones verdes diferenciando entre dos medidas clave: ahorrar materiales o reducir energía.

La mayoría de investigaciones se centraban en un solo socio. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una empresa colabora solo con universidades?. O ¿qué ocurre si la relación es solo con clientes? Pero la realidad es más compleja, ya que las empresas trabajan con varios socios a la vez.

Para estudiarlo, usamos una técnica que identifica combinaciones de éxito. Los datos de la Encuesta de Innovación del INE del 2020 nos dieron una visión clara: las redes no son iguales para todas las metas. Según el objetivo de la ecoinnovación, las alianzas cambian. No se sigue el mismo camino cuando se busca ahorrar materiales que cuando se quiere reducir energía.

Leer más: Sostenibilidad e innovación: cómo cambiar la forma de hacer las cosas

Imagine que debe cruzar un bosque lleno de obstáculos. ¿A quién escogería como compañero? No elegiría a cualquier persona. Si el reto es orientarse, buscaría a alguien con buen sentido de la dirección. Si se trata de sobrevivir sin comida, preferiría a quien conozca las plantas comestibles. Cada reto exige habilidades distintas. Lo mismo pasa en las empresas. No basta con tener la meta clara: lo que importa es escoger bien a los socios.

Materiales y energía: distintas rutas, distintas alianzas

En innovaciones para ahorrar materiales o sustituirlos por otros más sostenibles, la ciencia es esencial. Universidades y centros de investigación son los aliados más fiables. Sin su conocimiento, es difícil encontrar alternativas, rediseñar procesos o crear nuevos productos.

Clientes y proveedores ayudan en algunos casos, pero suelen tener menos peso. Los competidores, en este ámbito, no suelen ser buenos compañeros de viaje. Competir y compartir información suele ser más un riesgo que una oportunidad.

El ahorro energético es todavía más exigente. Reducir el consumo eléctrico o cambiar la fuente de energía obliga a rediseñar procesos, invertir y cumplir normas estrictas. En este contexto, colaborar con competidores directos casi nunca funciona. Cada empresa protege su conocimiento, defiende sus intereses y evita compartir información que pueda restarle ventaja en el mercado.

En este ámbito los aliados más útiles son los proveedores y los servicios especializados. Aportan soluciones técnicas avanzadas y facilitan la integración de nuevas tecnologías. También los clientes y las universidades pueden ayudar en casos concretos, pero no siempre son el centro de la red, sino un apoyo.

La clave del éxito

Hay un hallazgo de nuestro estudio que se repite en ambos campos. Intentar colaborar a la vez con clientes, universidades y competidores suele ser una mala estrategia. Demasiados intereses enfrentados generan ruido y frenan los resultados. Es como una orquesta desafinada: cada músico toca su propia partitura, pero nadie escucha al director.

Así que la lección es clara: más no siempre significa mejor. No conviene trabajar con todos al mismo tiempo, ni tampoco limitarse a un único socio. El secreto está en el equilibrio: elegir a los adecuados para cada objetivo.

O sea, ni todos, ni uno solo.

Leer más: No hay sostenibilidad ambiental sin sostenibilidad económica

Resultado: ciencia y colaboración para un futuro sostenible

La ciencia importa. Es la brújula que guía a las empresas hacia un futuro más verde. Universidades y centros de investigación son aliados estratégicos. Elegir bien a los socios y mantener redes equilibradas es la mejor forma de innovar y ser sostenibles.

La política pública también tiene un papel, que es el de reforzar la conexión cientifico-empresarial y apoyar a proveedores y consultoras verdes.

Para la ciudadanía, el mensaje es claro: cuando pedimos a las empresas que sean más sostenibles, no se trata solo de dinero o tecnología. Es una estrategia que trata de saber crear redes inteligentes que cambien los procesos desde dentro.

Conclusión: el poder de elegir bien a nuestros aliados

La ecoinnovación no depende solo de recursos sino de elegir bien a los compañeros de viaje. Las empresas españolas que mejor lo hacen confían en la ciencia y se apoyan en socios clave cuando lo necesitan. En la transición ecológica, como en la vida, rodearse de las personas adecuadas marca la diferencia entre quedarse atrás o abrir camino hacia un futuro más sostenible.

Celia Torrecillas Bautista recibe fondos de Proyecto PID2020-112984GB- C21.

Sara Fernández López recibe fondos del Ministerio de Ciencia e Innovación (Proyecto PID2020-112984GB- C21)

Claudia García García no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

El cierre de un vertedero amenaza la supervivencia de migrantes en República Dominicana

2025-10-22T00:06:30Z

República Dominicana quiere eliminar los vertederos a cielo abierto para modernizar su sistema de residuos. Pero ¿qué pasaría entonces con las más de 12 000 personas, muchas de ellas migrantes haitianos sin papeles, que dependen de la basura para sobrevivir?

A las ocho de la mañana, el vertedero de San Pedro de Macorís, municipio situado en el este, despierta cubierto de humo. No hay cercas, ni árboles, ni sombra. Solo montañas de residuos humeantes que se mezclan con el calor del trópico. Decenas de personas caminan sobre la basura con sacos al hombro y botas de goma gastadas. Buscan latas, cobre, cartón, plástico, telas e incluso restos de comida. Buscan lo que nadie más quiere.

Entre ellos está Kiko, que trabaja allí desde niño. Tiene 30 años y conoce el lugar como si fuera su casa:

“Mi madre siempre iba al vertedero. Yo la suplicaba que me llevara con ella. La primera vez que fui debía tener ocho años. Para mí era como un juego, como un parque de diversiones… y, mientras tanto, el tiempo pasaba. Así me convertí también yo en buzo, sin querer serlo, pero lo soy, porque estoy con ellos y hago su vida”.

Hoy, como muchos otros, Kiko teme que ese mundo desaparezca. Un mundo invisible, pero vital, del que dependen más de 12 000 personas en toda la República Dominicana. Son los “buzos”, como se conoce localmente a quienes rebuscan entre los residuos para recuperar y vender materiales reciclables.

Muchos de ellos son haitianos sin documentos o hijos de haitianos nacidos en los bateyes, los antiguos asentamientos cañeros que hoy sobreviven como comunidades empobrecidas, resultado de una economía en decadencia, que ha cedido el paso al sector servicios y, sobre todo, al turismo.

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Una ley necesaria, una amenaza inesperada

El turismo bate récords en la República Dominicana: más de 11 millones de visitantes en 2024, una cifra histórica que impulsa el consumo y, con él, la generación de residuos.

Pero ¿a dónde va toda esa basura?

Cada año se generan más de siete millones de toneladas de residuos sólidos en el país. Solo el 7 % se recicla. El resto acaba, en su mayoría, en vertederos a cielo abierto: hay 358 en todo el país, muchos de ellos sin control sanitario ni ambiental. No es casual que el país ocupe la 165 ª posición en el índice mundial de gestión de residuos.

Frente a este escenario, en 2020 el Congreso aprobó la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), cuyo objetivo es transformar por completo el sistema nacional de residuos. Entre sus medidas más ambiciosas destaca el cierre progresivo de al menos 30 vertederos a cielo abierto como parte de una transición hacia una economía más limpia y formalizada.

La medida, en principio, parece necesaria. Pero tiene un lado oscuro: no contempla mecanismos efectivos para integrar a los recicladores informales –los buzos– que viven y trabajan en estos espacios. Tampoco reconoce el peso social y económico que estas redes informales representan para miles de personas.

Sin medidas de inclusión claras, el cierre de los vertederos podría dejar a miles de personas fuera del sistema, sin ingresos, sin recursos y sin alternativas reales para sobrevivir.

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Kiko, de 30 años, recoge y vende metales reciclables que las industrias locales transforman en nuevas materias primas, impulsando la economía circular. Raúl Zecca Castel

Vivir al margen, pero con dignidad

La vida en el vertedero es dura. Kiko lo sabe:

“Trabajar aquí es muy riesgoso. Cuando metes las manos en un saco te puedes pinchar con una jeringa o cortar con un vidrio. Te viene náusea, vomitas. A veces no resistes por las moscas. He visto muchas cosas feas, realmente… Aquí hemos encontrado bebés recién nacidos, muertos, tirados entre la basura. También personas asesinadas, quemadas, abandonadas”.

Y aun así, Kiko prefiere estar allí. Porque, como confiesa, a pesar de todo, en ese lugar que otros evitan, él ha encontrado una forma de vivir –y de ser– que no cambiaría por nada.

“A mí me gusta trabajar en el vertedero. No te voy a decir que no, porque yo crecí allí, siento que pertenezco a ese lugar. A muchos les dará asco, pero yo nací y crecí ahí: nada me molesta. Prefiero mil veces trabajar aquí que cortar caña. Aquí en un día puedes ganar lo que allá ni en una semana. Y estás solo. Nadie te manda. Aquí no hay jefes. Nadie te dice qué hacer ni cuánto trabajar. Eres tú tu propio jefe.”

Más que un basurero, el vertedero es para muchos un espacio de libertad. Una autonomía precaria, sí, pero real. Porque ese lugar lleno de riesgos, desechos y silencio también les ofrece algo que fuera nunca tuvieron: libertad, respeto, sentido de pertenencia.

Lo confirma Altagracia, una mujer de 48 años que antes sembraba caña y hoy recolecta ropa usada para revenderla en los bateyes:

“Aquí hay respeto. En el vertedero somos todos iguales. Si tú te respetas, los demás también te respetan. Eso me gusta. Aquí me siento en familia”.

Altagracia, de 48 años, madre de cuatro hijos, trabaja en el vertedero recuperando ropa usada para venderla en los bateyes de la provincia, alcanzando así su independencia económica. Raúl Zecca Castel

También Nairobi, de 24 años, encontró en el vertedero algo que nunca imaginó: el amor. Llegó allí después de abandonar la venta de comida en las plantaciones de caña, un trabajo que no daba para vivir, donde “la gente compraba a crédito y después no podía pagarme”. Ahora lleva tres años reciclando plástico y cartón.

Su pareja, que ya no puede trabajar tras sufrir una agresión, se encarga del niño mientras ella gana el sustento diario bajo el sol. Él lo cuenta con una sonrisa tranquila, como si aún no se lo creyera del todo:

“Discutíamos mucho nosotros, pero ya tú sabes, hablando y hablando, al final nos enamoramos. Son cosas que pasan… Y míranos ahora: vivimos juntos desde hace un año y tenemos un hijo.”

En el vertedero, entre residuos y abandono, también se construyen hogares, afectos y proyectos. Allí, miles de personas –invisibles para el sistema– encuentran nuevas formas de vivir, resistir, reinventarse. Pero esa frágil red de autonomía y dignidad descansa sobre cimientos inestables: la falta de papeles, la discriminación estructural y el riesgo constante de ser expulsados.

Nairobi, de 24 años, mantiene a su marido discapacitado y a su hijo de un año recolectando plástico y cartón, materiales menos pesados que el vidrio y menos peligrosos que los metales, pero también por eso menos rentables. Raúl Zecca Castel

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El precio de la informalidad

“Hay mucha gente como yo que no tiene documentos. Yo no pude ir a la escuela por la falta de documentos. Y sin documentos no puedes hacer nada”, explica Kiko. Su caso no es único.

Según el Movimiento Nacional de Recicladores de la República Dominicana, entre el 60 % y el 70 % de quienes trabajan en los vertederos no tienen regularización migratoria. Por eso, no pueden ser integrados como “prestadores de servicios” en el nuevo sistema de gestión de residuos propuesto por la Ley 225-20. Son trabajadores informales, pero también ciudadanos invisibles, excluidos de todo derecho.

A esto se suma un fenómeno aún más alarmante. En los últimos seis meses, más de 180 000 haitianos han sido repatriados por las autoridades dominicanas, en medio de una creciente ola de xenofobia y tensiones binacionales.

La Ley 225-20 busca modernizar el país, hacer más limpia la economía del reciclaje. Pero si no se abordan las barreras estructurales –la falta de documentos, la discriminación, el estatus migratorio– el cierre de los vertederos no será una victoria ambiental, sino una condena social para miles.

Nairobi gana el equivalente a cuatro euros al día. Como reconoce:

“No quiero que mi hijo tenga que trabajar aquí. Quiero que estudie y decida él que quiere hacer. Pero ahora… sin documentos no hay otra”.

Kiko canta, escribe canciones, sueña con escenarios:

“Tal vez llegue el día en que me vuelva famoso. Nadie sabe si seguiré aquí. Hoy sí, mañana quizás. Pero quién sabe lo que pueda pasar”.

Cerrar un vertedero sin abrir alternativas reales no es progreso. Es desechar también a quienes viven entre residuos, pero luchan –cada día– por su dignidad. Como Kiko. Como Nairobi.

Raúl Zecca Castel no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

Bajo la ceniza: los suelos que sostienen la vida tras los incendios

2025-10-19T22:09:00Z

Paisaje después de un incendio. neenawat khenyothaa/Shutterstock

El suelo es la base de la vida del bosque. En él crecen las raíces de las plantas, se almacena el agua y viven millones de seres diminutos que ayudan a mantener el equilibrio del ecosistema. Cuando el fuego lo daña, el bosque tiene muchas más dificultades para recuperarse.

Hoy en día los incendios son más frecuentes y más intensos por culpa del cambio climático y la sequía. Por eso, entender qué le pasa al suelo después del fuego y cómo podemos ayudarlo a recuperarse resulta fundamental para cuidar nuestros bosques y el medio ambiente.

El fuego también daña lo que no se ve

Cuando ocurre un incendio forestal, todos pensamos en las imágenes del bosque quemado que quedan a la vista: los árboles calcinados, los animales que huyen y el suelo cubierto de ceniza. Pero lo que ocurre debajo de la superficie queda inadvertido para la mayoría. El fuego también afecta lo que está bajo tierra, donde tienen lugar cambios muy importantes que pueden durar muchos años.

No todos los incendios son iguales. Algunos solo queman las hojas y ramas secas del suelo, sin causar grandes daños. Otros son de alta severidad, y pueden calentar tanto el terreno que acaban destruyendo la materia orgánica y los organismos que viven en él.

El calor puede cambiar el color, la textura y la composición del suelo. También alterar su pH (su grado de acidez o alcalinidad), así como su capacidad para retener agua. En los casos más graves, el suelo queda más suelto y más fácil de arrastrar por la lluvia.

Estas transformaciones hacen que el bosque pierda resiliencia, es decir, su capacidad de recuperarse. Si el suelo se empobrece, las nuevas plantas tienen más dificultades para crecer y el ecosistema se regenera mucho más lentamente.

Leer más: Por qué la bioeconomía debería tener en cuenta la conservación del suelo forestal

Un mundo de vida bajo nuestros pies

Aunque no lo parezca, el suelo está lleno de vida. En un puñado de tierra hay millones de microorganismos: bacterias, hongos, insectos diminutos y otros seres que trabajan sin descanso. Son los encargados de descomponer la materia orgánica (como hojas y ramas muertas) y convertirla en nutrientes que las plantas pueden aprovechar. Además, estos organismos ayudan a mantener la estructura del suelo, permitiendo que el agua se filtre y las raíces puedan respirar. Gracias a ellos, el suelo se mantiene fértil y equilibrado.

Cuando el fuego destruye esta comunidad invisible, el ecosistema pierde gran parte de su capacidad de funcionar correctamente). Los hongos del suelo, por ejemplo, son esenciales porque forman redes que conectan las raíces de diferentes plantas y las ayudan a obtener agua y minerales. Si desaparecen, las plantas se debilitan y la recuperación del bosque se hace mucho más lenta.

Por eso, los científicos afirman que “sin un suelo vivo no hay bosque posible”. Cuidarlo significa cuidar la vida que sostiene todo el ecosistema.

Leer más: Cómo podemos salvar los bosques entre todos

La lluvia puede hacer desaparecer siglos de vida en unos días

Después de un incendio, el suelo queda desnudo, sin raíces que lo sujeten ni vegetación que lo proteja. En ese estado, las gotas de lluvia impactan directamente sobre la superficie y pueden arrastrar la tierra cuesta abajo. Este proceso, conocido como erosión, es uno de los mayores peligros después de un fuego.

La consecuencia más grave derivada de este fenómeno es que la capa superior, la más fértil y rica en nutrientes, es también la más fácil de perder. Formar solo un centímetro de suelo puede tardar entre 100 y 500 años, pero bastan unas pocas tormentas para que desaparezca, lo que retrasa mucho la recuperación del ecosistema. Sin esa capa fértil las semillas no pueden germinar bien y el bosque tarda mucho más en volver a crecer.

Además, la erosión no solo afecta al bosque quemado. El agua que arrastra el suelo puede llegar a los ríos y embalses, enturbiar el agua, dañar la fauna acuática y reducir la calidad del agua potable. Por eso, las primeras lluvias después del fuego pueden ser casi tan destructivas como el incendio.

Leer más: Los incendios forestales extremos son cada vez más intensos y se han duplicado en los últimos 20 años

Cómo se puede ayudar al suelo a recuperarse

Existen diferentes técnicas para evitar que el suelo afectado por un incendio se pierda y para acelerar su recuperación. Una de las más efectivas es el mulch orgánico, una capa de restos vegetales triturados (por ejemplo, de ramas y paja) que se coloca sobre el suelo quemado. Esta cobertura protege la superficie del impacto de la lluvia, reduce la escorrentía del agua (su escurrimiento para llegar a ríos, arroyos o el océano) y mantiene la humedad. Con el tiempo, el material se descompone y enriquece el suelo con nutrientes.

Otra medida útil es colocar fajinas, que son hileras de troncos o ramas colocadas en las laderas siguiendo las curvas del terreno. Estas barreras frenan el agua, retienen la tierra y evitan que el suelo sea arrastrado hacia abajo. También se pueden construir pequeñas barreras en arroyos para evitar que los sedimentos lleguen a los ríos.

Sin embargo, no siempre es necesario intervenir. En algunos casos, el propio ecosistema puede recuperarse por sí solo. Por eso, antes de actuar es importante evaluar la severidad del incendio y decidir dónde hace falta ayudar y dónde es mejor dejar que la naturaleza siga su curso.

Leer más: Medir las constantes vitales de los bosques en tiempo real para conservarlos y protegerlos

Un recurso que no podemos fabricar

El suelo es un recurso muy valioso y difícil de recuperar. La naturaleza tarda siglos en formar unos pocos centímetros de tierra fértil, pero un solo incendio y unas lluvias intensas pueden destruirla en semanas. Proteger el suelo después del fuego no es solo una cuestión ambiental: también es una forma de proteger el agua, los bosques y la vida de las personas que dependen de ellos. Los árboles volverán a crecer, pero solo si el suelo permanece vivo.

Bajo la ceniza, en ese mundo invisible de microorganismos y raíces, se juega el futuro de los bosques.

Elena Marcos Porras recibe fondos del Ministerio de Ciencia e Innovación (LANDSUSFIRE / PID2022-139156OB-C21)

Rayo Pinto Prieto recibe fondos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades bajo el programa de ayudas de Formación de Profesorado Universitario (FPU21/00309)

Tres cambios cruciales en el sistema alimentario para no devorar el planeta

2025-10-16T16:52:41Z

CC BY-NC-SA

Desde nuestra época como cazadores y recolectores, hemos ido transformando el territorio para lograr obtener los alimentos que necesitamos para subsistir. Hemos talado bosques, roturado tierras, amansado aguas y desarrollado diversas sustancias y materiales con el fin de ir enmendando a una naturaleza revoltosa que se resistía a nuestro apetito. Así, desbordamos las previsiones de Malthus, quien supuso que seríamos incapaces de seguir el ritmo de crecimiento demográfico y que no habría suficientes alimentos para todos.

Pero lo logramos. Tanto como para que en la actualidad haya la misma preocupación por la epidemia de obesidad que por las hambrunas.

Diversas tecnologías han permitido producir, conservar y distribuir un flujo continuo de alimentos por casi todo el planeta. El coste ambiental ha sido demoledor: a la agricultura y la ganadería se le achacan buena parte de nuestro variado surtido de problemas medioambientales.

Diferentes estudios calculan que el sistema alimentario global provoca el 26 % de gases de efecto invernadero, el 80 % de la deforestación y el 70 % del consumo de agua dulce, además de ser la mayor causa de pérdida de biodiversidad terrestre. A esto hay que sumar el impacto de las prácticas agrícolas no sostenibles, que erosionan y salinizan el suelo, agotan nutrientes y acuíferos y contaminan con agroquímicos ecosistemas terrestres y acuáticos.

Ante este panorama, en un reciente estudio publicado en Nature, un equipo internacional de investigadores proponemos revisar el modelo actual de producción de alimentos para mitigar su enorme impacto en el planeta.

Así, sugerimos una serie de estrategias dirigidas a conservar y recuperar los ecosistemas terrestres con el fin, precisamente, de proteger nuestra seguridad alimentaria. Nos referimos a elementos esenciales como son el suelo, el agua y la biodiversidad, tres víctimas de los procesos de desertificación.

El uso insostenible de los recursos hídricos en numerosas regiones áridas ha propiciado efímeros milagros económicos y una duradera inseguridad hídrica. Jaime Martínez Valderrama, CC BY-NC-SA

Leer más: La aridificación del clima, una silenciosa pero implacable amenaza global

1. Reducir el desperdicio alimentario

La primera propuesta es bastante obvia y consiste en no tirar a la basura lo que tanto trabajo, energía y recursos cuesta producir. Puede resultar sorprendente, pero casi un tercio de lo que producimos no nos lo comemos. Es más, en ocasiones estos alimentos ni siquiera llegan a los circuitos comerciales por dos razones.

En primer lugar, la sobreproducción hace que el precio del producto sea inferior a su coste de producción y al agricultor no le merezca la pena recogerlo. La segunda razón es que los alimentos no sean lo suficientemente bonitos y homogéneos, lo que parece espantar a un consumidor más atento al aspecto que a los nutrientes.

Reducir el desperdicio alimentario en un 75 % para 2050 podría liberar más de 13 millones de kilómetros cuadrados de tierra, lo que supone ahorrar recursos y dejar de emitir 102 gigatoneladas (102 000 millones de toneladas) de CO₂-eq.

Sandías no cosechadas debido a su bajo precio pudriéndose bajo el sol (agosto de 2025). Juan Vázquez Navarro, CC BY-NC-SA

2. Restaurar suelos degradados

Nuestra segunda propuesta es restaurar el 50 % de las tierras degradadas para 2050, con un enfoque particular en las áreas agrícolas. Con ello se podría recuperar la funcionalidad ecológica de 3 millones de kilómetros cuadrados de zonas agrícolas (con un potencial de mitigación de emisiones de 21 Gt CO₂-eq) y de casi otros 9 millones de km² de zonas naturales (con un potencial de mitigación de 128 Gt CO₂-eq).

Esta restauración no solo impulsa la recuperación de la biodiversidad y la fijación de carbono en los ecosistemas, sino que también fortalece a las comunidades locales y a los pequeños agricultores al promover prácticas sostenibles de gestión de la tierra.

3. Aumentar el consumo de alimentos marinos

La tercera vía destaca el enorme potencial de los alimentos marinos obtenidos de forma responsable, que requieren muchos menos recursos. Sustituir el 70 % de la carne roja producida de manera insostenible y el 10 % de los vegetales por algas y sus derivados podría liberar 17,5 millones km² de tierra destinada a pastos, forraje y piensos (como ocurre con la soja y el maíz forrajero por ejemplo). Al mismo tiempo, se reduciría de forma significativa el impacto del sistema alimentario global: desde las emisiones de gases de efecto invernadero (145 Gt CO₂-eq) hasta la degradación de la tierra, la deforestación, el uso excesivo de agua y la pérdida de biodiversidad.

Los peces pelágicos (aquellos que viven en el océano alejados de la costa), los salmónidos silvestres y los bivalvos de cultivo proporcionan más nutrientes con menos emisiones y una huella hídrica y química sintética casi nula en comparación con la mayoría de las fuentes de alimentos de origen animal terrestre.

La transformación del territorio para alimentarnos ha creado diversos tipos de degradación que amenazan nuestra seguridad alimentaria e hídrica. Recuperar los recursos degradados es esencial revertir esta tendencia. PNOA 2022, Instituto Geográfico Nacional, Fondo Español de Garantía Agraria, Comunidad Autónoma de Andalucía, Comunidad Autónoma de Extremadura y O.A. Centro Nacional de Información Geográfica, CC BY

Tres convenciones que deben ir en una misma dirección

Nuestra propuesta pretende de esta manera abordar conjuntamente los objetivos de las tres Convenciones de Naciones Unidas surgidas de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992) y dedicadas a los principales retos ambientales de la Tierra:

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), enfocada en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), orientado a la conservación de la biodiversidad.
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), centrada en combatir la degradación de tierras áridas, semiáridas y subhúmedo secas, promoviendo prácticas de manejo sostenible del suelo y fomentando el desarrollo de comunidades afectadas.

A pesar de las claras interdependencias entre las tres convenciones y del papel central que desempeña la tierra para alcanzar sus objetivos, la mayor parte de la investigación sobre su implementación ha tratado los acuerdos de manera separada. En términos de inversiones financieras y de atención, los esfuerzos para combatir la degradación de la tierra son muy desiguales en el caso de los tres acuerdos.

A raíz de las Conferencias de las Partes (COP) de las tres convenciones de Río, celebradas en el último trimestre de 2024, se han impulsado iniciativas conjuntas como el Trío de Río para promover soluciones integradas y sistémicas.

Las COP mostraron un creciente interés en priorizar la tierra y su degradación, así como en reconocer el papel indispensable de los suelos y de la agricultura sostenible para resolver estas crisis.

Sin embargo, los sistemas alimentarios aún no se han incorporado plenamente a los acuerdos intergubernamentales ni reciben la atención suficiente. Las estrategias se centran más en restaurar ecosistemas degradados mediante iniciativas emblemáticas como la Gran Muralla Verde o el Desafío de Bonn.

Aprovechar el potencial de unos sistemas alimentarios sostenibles e integrados no solo ayudaría a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, sino que también permitiría a los países garantizar un derecho humano recientemente reconocido: el derecho a un medio ambiente limpio y saludable.

Jaime Martínez Valderrama recibe fondos de l Fundación Biodiversidad.

Emilio Guirado recibió fondos de Fundación Biodiversidad.

Fernando Tomás Maestre Gil no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

How Europe is using taxes to slow down fast fashion

2025-10-15T11:58:32Z

VicVa/Shutterstock

Did you know that making one cotton t-shirt uses around 2,700 litres of water, around the amount that a person drinks in three years? Fast fashion may offer cheap, on-trend clothes, but it also generates an annual 12kg of textile waste per person in Europe, only 1% of which is recycled to make new garments.

The fast fashion industry produces too much, too fast, too cheap, but there are ways to slow it down – in recent years, the EU and European countries have begun to propose, and implement, taxes and legislation that do just this.

EU: no more tax breaks for fast fashion

Up until 2021, millions of packages from platforms such as Shein and Temu – all those valued at under €22 – arrived in Europe without paying VAT. This gave them an unfair advantage over local businesses, but since 2021 all non-EU imports have been subject to VAT.

The European Commission wants to go further, and has proposed a processing fee of €2 for each shipment to the EU. It also wants to eliminate the current €150 import tariff exemption, so that even small orders will pay customs duties.

These measures would prevent non-EU sellers from artificially splitting orders, and would strengthen control over products that are often manufactured under unsustainable conditions or with poor labour practices. The impact could be huge; in 2024, 91% of all e-commerce shipments valued at less than €150 came from China.

In 2024, Brussels approved Directive (EU) 2024/825 to combat greenwashing. From 2026, brands will not be able to present themselves as “carbon neutral” or “eco-friendly” without verifiable evidence, nor will they be able to hide information about the durability or repairability of garments.

Leer más: How 'woke' marketing lets fast fashion brands get away with environmental and labour abuses

France: tax per fast-fashion garment

France is the first European country to approve a tax on fast fashion – in June 2025, the French Senate gave the green light to a law introducing a progressive penalty system per garment. Ultra-fast fashion brands will have to pay an extra €5 per item, which will make things like cheap T-shirts, dresses and trousers particularly expensive. The figure will gradually increase to €10 in 2030, doubling the tax in just five years.

The tax will depend on the environmental impact and practices of each company, and will not exceed 50% of the sales price excluding VAT.

With this measure, the French government is sending a clear message: extremely cheap garments, designed to last barely a season, must pay for the damage they cause. At the same time, brands that manufacture more durable, recyclable clothing with a smaller environmental footprint are rewarded. This model is inspired by the environmental taxes already applied to fuels and single-use plastics.

Leer más: Ultra fast fashion could be taxed to oblivion in France. Could Australia follow suit?

UK: a penny per garment

In 2019, a British Parliament committee recommended a one-penny tax on every garment sold to fund textile collection and recycling.

Although the government did not implement the measure, the proposal sparked a debate on the policy approach of Extended Producer Responsibility, whereby brands pay according to the waste they generate. The lower the quality of their products, the higher the cost; the more durable and recyclable they are, the less they have to pay.

Sweden, Netherlands, France: repairing instead of replacing

Other countries have chosen to incentivise repairs. In Sweden, VAT on clothing and footwear repairs has been reduced from 25% to 12%, while in the Netherlands, a reduced rate of 9% applies to services such as sewing repairs, replacing zips and adjusting sizes.

In France, from 2025 onward, a reduced rate of 5.5% will apply to textile and footwear repairs, along with a “repair voucher” that discounts part of the cost for consumers who have their clothes repaired in certified workshops.

These measures have one clear objective: making it cheaper to replace a broken zip than it is to buy a whole new garment.

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Spain: advanced regulations, lagging taxation

In Spain, Law 7/2022 stipulates that, from 2025 onwards, textile brands must finance collection and recycling systems, and provide information on the durability and repairability of their products. This is a step forward, as it forces companies to bear costs that, up to now, have been covered by local authorities and taxpayers.

However, taxation remains a major challenge. Taxes or tax incentives such as those in France, Sweden and the Netherlands have not yet been adopted, leaving Spain lagging behind in this area.

Do these measures work?

The effects of tax mechanisms are already being felt. The elimination of exemptions has levelled the playing field, and forced large international platforms to modify their pricing and logistics strategies.

Reduced VAT on repairs is revitalising local workshops, benefiting small businesses, and gradually changing consumer habits. New taxes, such as those in France, will make disposable clothing more expensive, forcing big brands to improve their design, traceability and materials.

Together, taxation and regulations seek to change the logic of the textile industry. Cheap, disposable items should cease to be the most attractive option, and repairing, reusing or buying quality clothing should become the norm. If these measures are consolidated, the European textile industry could become one of the most advanced in terms of sustainability, positioning Europe as a global leader in the fight against fast fashion.

Albert Navarro García no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

Una nueva ola de industrialización amenaza el mar Mediterráneo

2025-10-12T22:46:59Z

Crucero en el puerto de Palamós (Girona). Laurence Berger/Shutterstock

Bajo el pretexto de impulsar el crecimiento de la llamada economía azul y combatir el cambio climático, ciertos círculos políticos, económicos y académicos promueven en el Mediterráneo proyectos industriales de gran escala que amenazan hábitats marinos de alto valor ecológico, socioeconómico y cultural.

La Costa Brava es un caso paradigmático: nuestro reciente estudio alerta de que esta zona se enfrenta a una nueva ola de industrialización con graves impactos ambientales y socioeconómicos. Estas transformaciones no solo comprometen especies y hábitats, sino que también ponen en riesgo valores intangibles e identitarios asociados al paisaje, el patrimonio cultural y el disfrute estético y emocional del entorno marino, así como la resiliencia de los ecosistemas para hacer frente al cambio climático.

Necesitamos una visión más ecocéntrica de la planificación de las actividades en el mar que permita planificarlas y gestionarlas sin perder los valores y la identidad de los territorios en que se localizan.

Economía azul y áreas marinas protegidas

Los mares y océanos viven una nueva fase de industrialización, impulsada por sectores económicos en expansión como la náutica recreativa, los cruceros, la eólica marina, los gaseoductos, la desalación, la minería submarina o la acuicultura.

El mar Mediterráneo es un claro ejemplo de esta “aceleración azul” una carrera entre intereses económicos que compiten por alimentos, energía, agua, minerales y espacio. Para responder a estos desafíos, el concepto de economía azul se introdujo en la Conferencia de las Naciones Unidas Río+20.

En este contexto, las áreas marinas protegidas (AMP) se han convertido en elementos clave de la Estrategia de Biodiversidad de la UE, que busca proteger el 30 % de los mares europeos en 2030, un 10 % bajo protección estricta. Las AMP, además de proteger especies y hábitats, aseguran el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y los paisajes marinos, con sus valores culturales y estéticos, fundamentales para el bienestar y la cohesión social de las comunidades costeras.

Además, las AMP refuerzan el papel de la naturaleza en la mitigación del cambio climático a distintas escalas.

Aumenta la presión industrial sobre la biodiversidad

Según nuestro estudio, la Costa Brava cuenta con el 44 % de sus aguas territoriales protegidas. A las cuales hay que sumar otras áreas de valor para la biodiversidad, como las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA), los Mamíferos Marinos (IMMA), los Tiburones y Rayas (ISRA), la Biodiversidad (KBA) y las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), que cubren en conjunto el 77 % del área.

Aerogenerador y buque. Josep Lloret, CC BY-SA

Sin embargo, actividades como la pesca y la acuicultura, la náutica de recreo, los proyectos energéticos y los cruceros ejercen presiones elevadas dentro y alrededor de los espacios protegidos de la Red Natura 2000.

Mientras la pesca profesional ha reducido su actividad a la mitad en el periodo 2000-2023, la náutica recreativa, los cruceros internacionales, las plantas desalinizadoras, los parques eólicos marinos y los gaseoductos submarinos han aumentado considerablemente su contribución en este periodo, o se espera que aumenten drásticamente en el futuro, intensificando la presión industrial sobre la biodiversidad y la calidad paisajística.

Leer más: ¿Cómo funcionan las desaladoras y por qué hay cada vez más?

Impacto ambiental, social y paisajístico

La salud de las áreas marinas protegidas de la Costa Brava puede verse afectada severamente por las presiones acumuladas de las actividades industriales. Estas pueden llevar, entre otros impactos, a la pérdida de biodiversidad, la degradación del fondo marino, la expansión de especies invasoras o la contaminación, con lo que no se alcanzaría el buen estado medioambiental que se prevé.

Estas actividades también generan impactos sociales y culturales significativos sobre las comunidades locales (costeras), que a menudo se ven excluidas de los procesos de toma de decisiones que afectan sus territorios. Estas comunidades han sido durante mucho tiempo las guardianas de los ecosistemas marinos, como se ha demostrado en muchos lugares del mundo, usando un conocimiento ancestral identitario y manteniendo una relación socioecológica con su entorno necesaria para la preservación y el uso sostenible de los recursos.

En este contexto, la ecología política nos recuerda que las decisiones sobre el medio ambiente nunca son neutras, sino que reflejan conflictos de poder. Bajo esta lente, la economía azul, si no recuperamos el concepto para el cual se creó, puede ser más un eslogan que una solución, con un discurso amable que legitima proyectos industriales en el mar repartiendo de forma desigual los riesgos y los beneficios sin mantener el objetivo de salvaguardar la integridad ecológica del sistema.

Grandes corporaciones obtienen beneficios, mientras las comunidades locales soportan los impactos en sus paisajes, modos de vida e identidad cultural. Ello repercute, no solo en la economía local sino también en la salud y el bienestar de las comunidades costeras que dependen de los servicios y recursos proporcionados por el mar.

Desde la planificación territorial, se distinguen tres grandes visiones del paisaje marino:

El industrializado, dominado por ciudades, pesca intensiva, turismo de masas e infraestructuras energéticas.
El conservado, donde predominan las AMP.
Un tercer modelo intermedio de coexistencia entre conservación y actividades humanas, que es el que representa hoy la Costa Brava.

Sin embargo, sin medidas restrictivas eficaces y una apuesta por alcanzar su buen estado medioambiental -como objetivo final en la gestión del medio marino de acuerdo a la normativa actual-, este equilibrio podría derivar en un paisaje plenamente industrializado. Las consecuencias podrían ser irreversibles para la biodiversidad, la identidad cultural y los valores estéticos del territorio.

Conclusiones y recomendaciones

La expansión y concentración de actividades industriales, dentro o alrededor de las áreas marinas protegidas, es incompatible con sus objetivos de conservación. Por tanto, es urgente aplicar el principio de precaución que marca la Ley 41/2010 de protección del medio marino para evitar el desarrollo industrial en regiones costeras con alto valor ecológico, paisajístico y social, como las de la Costa Brava, ya que podría acarrear consecuencias irreversibles sobre sus ecosistemas marinos y las comunidades locales.

Por ello, es necesario prohibir el desarrollo de nuevas actividades industriales dentro de las áreas marinas protegidas y restringirlo en otras zonas críticas para la biodiversidad marina (como las IMMA, ISRA, IBA, KBA y ZEPIM). Además, esta cautela debería extenderse a las zonas adyacentes, al menos en una franja de 10 kilómetros alrededor de estos espacios.

De esta manera, las actividades marítimas podrían ser ambientalmente sostenibles y compatibles con los modos de vida e identidad de las comunidades costeras. Solo así la economía azul podrá ser realmente sostenible y no transformarse en una “economía gris”, es decir, un modelo extractivo que erosiona la base ecológica, socioeconómica y cultural del Mediterráneo.

Josep Lloret es investigador científico del ICM-CSIC. Para el estudio mencionado en el artículo, J. Lloret recibió fondos de los proyectos UdG Pont y NID4OCEAN financiado por la Unión Europea / Programa Horizon (grant Agreement nr. 1011156861), y de la acreditación ‘Severo Ochoa Centro de Excelencia" otorgada al Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC).

Anna Mujal-Colilles es profesora agregada Serra Húnter en la Facultad de Náutica de Barcelona (UPC). Recibe fondos del Ministerio de Universidades a través del proyecto TUGEMI (PID2022-140497OB-I00) y de la Unión Europea a través del proyecto EM4SSF y ha colaborado en el proyecto BioPaís. Es miembro de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT-CAT).

Josep Vila Subirós recibe fondos para el proyecto BioPais desarrollado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

Laura Amorós Garcia recibe fondos recibe fondos para el proyecto BioPais desarrollado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

Paul Wawrzynkowski recibió fondos para el proyecto BioPais desarrollado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

Rafael Sardá Borroy es socio-ecólogo. Investigador científico del CSIC en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes, en donde entró en 1991. Asimismo es Profesor Asociado de ESADE desde 1991 con compatibilidad reconocida. Representa desde 2017 al Ministerio de Ciencia en el grupo de trabajo de planificación marítima del estado. Como cualquier investigador recibe fondos para su trabajo de proyectos competitivos; en la actualidad los proyects HORIZON (EFFECTIVE, MEDSEAPLAN y NID4OCEAN)

Ricard Rigall Torrent recibe fondos del proyecto UdG Pont de la Universitat de Girona.

La actividad académica investigadora de Sílvia Gómez es en parte financiada gracias a una ICREA Academia, de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (convocatoria 2023). El estudio mencionado en el articulo recibió financiación del Parque Natural de Cabo de Creus (comanda nº 019903 y PDR 46/2015), entre los años 2003 y 2015. Del Observatorio en Patrimonio Etnológico Intangible (OPEI) de la Generalitat de Catalunya (referencia nº CLT051/17/00020) en 2017, y del proyecto Europeo Interreg Pharos4MPA con referencia 3MED17-3.2-M3-066, en 2018.

La importancia de tener en cuenta la cultura local para elaborar planes climáticos de éxito

2025-10-08T22:11:11Z

Agricultor recogiendo aceitunas en Jaén. Digicomphoto/Shutterstock

El cambio climático no es una amenaza abstracta del futuro; es un problema presente, y su magnitud crecerá exponencialmente si no actuamos poniendo en marcha planes de adaptación y mitigación. Nos enfrentamos como humanidad a graves retos climáticos, pero algunas zonas son intrínsecamente más vulnerables que otras. Esta vulnerabilidad no solo depende de factores geográficos y ecológicos, sino también de la capacidad de adaptación de sus habitantes.

Así, las comunidades locales emergen como un pilar fundamental para la creación de planes de mitigación que sean no solo efectivos, sino también socialmente justos y culturalmente sostenibles. Su inclusión no es una opción, sino una necesidad imperiosa para lograr una transición ecológica exitosa.

La región mediterránea

En Europa, la región mediterránea es una de las que corren mayor riesgo frente a los efectos del calentamiento global. Con una combinación de ecosistemas frágiles, costas densamente pobladas y economías dependientes del turismo y la agricultura, la zona enfrenta un alto riesgo de vulnerabilidad climática.

En un estudio reciente, centrado en esta área, hemos analizando cómo las políticas de transición energética pueden preservar y mejorar la salud y el bienestar de la sociedad. Los resultados para países como España, Grecia y Montenegro revelaron que estos territorios han desarrollado diversas formas y mecanismos para alcanzar sus objetivos climáticos a múltiples niveles: desde políticas nacionales hasta planes y acciones locales.

Sin embargo, el mismo análisis subraya una realidad crucial: los objetivos medioambientales deben ajustarse a las necesidades de desarrollo local. De lo contrario, se corre el riesgo de que las políticas, diseñadas a gran escala, ignoren las particularidades que hacen a cada comunidad única.

Deficiencias de la planificación a gran escala

Existen deficiencias notables en la aplicación de las políticas climáticas debido, en gran medida, a la falta de atención a las características locales. Este descuido no solo compromete la eficacia de las medidas de mitigación, sino que también amenaza la identidad cultural y pone en peligro los recursos naturales de estas zonas.

Un ejemplo claro se encuentra en las prácticas agrícolas tradicionales. Una política que promueva la agricultura intensiva y tecnificada podría contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de los territorios y la autosuficiencia. Sin embargo, los métodos de cultivo milenarios, aunque menos productivos en el corto plazo, son más sostenibles, utilizan el agua de manera más eficiente y conservan la biodiversidad local. Al no considerar este conocimiento ancestral, se pierde una valiosa oportunidad para integrar saberes locales en las soluciones climáticas.

De la misma manera, las intervenciones urbanas que no involucran a los residentes pueden generar resistencia y fracasar. La instalación de sistemas de transporte público o la promoción de energías renovables solo tendrán éxito si se alinean con los patrones de vida y las necesidades cotidianas de los ciudadanos. Cuando se impone una política sin el respaldo y la comprensión de la comunidad, esta se convierte en una imposición externa que puede ser rechazada o ignorada.

Leer más: Para que las energías renovables contribuyan al desarrollo rural deben involucrar a los vecinos

Estrategias para involucrar a las comunidades locales

Los planes regionales y locales requieren mucho más que la participación del gobierno. Los ciudadanos también deben participar activamente en el proceso, pasando de ser meros receptores de políticas a agentes de cambio. Las diferentes regiones que hemos analizado en nuestro estudio aplican diversas estrategias para incluir a la población y abordar el cambio climático.

En la actualidad, los mecanismos más exitosos se centran en la creación conjunta de soluciones. Esto implica ir más allá de las consultas públicas superficiales y establecer mecanismos de participación genuinos, como talleres colaborativos, presupuestos participativos y la formación de consejos ciudadanos para el clima. En estos foros, los habitantes pueden aportar su conocimiento empírico sobre el territorio, sus recursos y sus vulnerabilidades, permitiendo que las políticas se adapten de forma inteligente y flexible.

La educación ambiental a nivel local es también una herramienta poderosa para empoderar a las comunidades, dándoles la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre su consumo energético, la gestión de sus residuos y la promoción de la movilidad sostenible.

En la escala municipal, los nuevos planes climáticos hacen hincapié en las intervenciones urbanas. Promueven medidas de ahorro energético en edificios, la reducción del uso de combustibles fósiles y el fomento de energías renovables como la solar fotovoltaica. Asimismo, impulsan el transporte eficiente a través de la expansión de carriles bici y la mejora de los servicios de transporte público. Además, invierten en sistemas de datos inteligentes para optimizar el uso de los recursos.

Todas estas acciones, aunque a pequeña escala, tienen un impacto acumulativo masivo cuando se coordinan de manera efectiva.

Leer más: ¿Y si los urbanitas participaran en el diseño de sus ciudades?

El camino hacia un futuro resiliente

La lucha contra el cambio climático es un desafío global, pero sus soluciones más efectivas y sostenibles son inherentemente locales. Las comunidades, con su conocimiento profundo de su entorno y su cultura, representan un recurso único que debe ser activamente integrado en los planes de mitigación. La transición ecológica no puede ser un proceso puramente tecnológico, científico, político o económico; es también un proceso social y cultural.

Ignorar las particularidades locales y la participación ciudadana no solo limita la eficacia de las políticas, sino que además crea una brecha entre los gobiernos y la sociedad. Un enfoque que respeta la identidad cultural y empodera a las comunidades a través de la creación conjunta de soluciones es el único camino viable hacia un futuro resiliente y sostenible.

Solo cuando las personas sienten que son parte de la solución, y no solo del problema, puede lograrse la acción colectiva necesaria para enfrentar los desafíos climáticos que tenemos por delante. El éxito global dependerá de nuestra capacidad para actuar de manera inteligente y empática a nivel local.

Compensación con carbono azul: ¿el nuevo oro de la mitigación climática o una moda pasajera?

2025-10-06T17:48:34Z

El cambio climático está influyendo de un modo directo e indirecto en todos los aspectos de la vida humana a nivel global. Lo que ha derivado en que, en los últimos años, tanto en la Unión Europea como en España, se haya puesto en marcha una amplia batería de normativas ambientales.

Una de las más recientes ofrece la posibilidad de compensar las emisiones de los gases de invernadero con proyectos desarrollados en ecosistemas marinos (carbono azul), que ahora pueden sumarse a las iniciativas de absorción desarrolladas en el medio terrestre (carbono verde) que se llevan a cabo desde hace unas décadas.

El interés por desarrollar proyectos de este tipo está actualmente sufriendo un crecimiento exponencial. Pero los retos a los que se enfrenta son muchos: complejidad legislativa, ausencia de normativas específicas, incertidumbre científica, coste de los proyectos y de las certificaciones, etc.

Todas estas barreras están retrasando la puesta en marcha de proyectos a nivel europeo y nacional, limitando todos beneficios climáticos, ecológicos y económicos que acarrean.

Leer más: Nuevas reglas para fomentar la captura de carbono y alcanzar el objetivo de cero emisiones

En 2023, la Junta de Andalucía puso en marcha el primer estándar para la certificación de créditos de carbono azul desarrollado por una administración pública a nivel europeo. Todos los retos que ha enfrentado, y que sigue solventando, constituyen un buen ejemplo del camino que aún queda por recorrer para que esta nueva oportunidad para la mitigación climática y ambiental no acabe transformándose en una moda pasajera vacía de contenido.

El estándar andaluz: pionero en la Unión Europea

Un año después de la aprobación del estándar andaluz para la certificación de créditos de carbono azul, la Unión Europea publicó el Reglamento (UE) 2024/3012, el cual busca establecer un marco común para la certificación de absorciones de carbono en todo su territorio.

En España, la reciente aprobación del Real Decreto 214/2025 también contempla ya la posibilidad de compensar con carbono azul a nivel nacional. Sin embargo, para poder hacerlo posible, las absorciones deben estar sometidas a certificación mediante un estándar reconocido. Y, a día de hoy, el único estándar existente en el ámbito nacional para este tipo de carbono es el andaluz.

Debido a la reciente aprobación de este estándar y a su novedad, ni las administraciones públicas ni los promotores privados son aun conscientes de esta nueva posibilidad de compensación. Esto explica, en parte, por qué todavía no se ha puesto en funcionamiento ningún proyecto de absorción en un ecosistema de carbono azul.

A pesar de este complejo escenario, hace algo más de un año se anunció en Cádiz la puesta en marcha del primer proyecto basado en dicho estándar. Y, recientemente, fue noticia el plan de iniciar otro proyecto de absorción de carbono azul también en salinas degradadas de la bahía de Cádiz.

Leer más: ¿Cómo se puede capturar el CO₂ del aire para combatir el calentamiento global?

Complejas barreras que sortear

El lugar donde se desarrollan estos proyectos, zonas costeras someras, presenta una alta complejidad normativa, con la participación de múltiples administraciones públicas con diversas competencias. También, estos espacios suelen encontrarse bajo diferentes figuras de protección ambiental, retrasando y complicando los trámites administrativos. Además, se trata de áreas que se encuentran bajo la figura del dominio público-marítimo terrestre (DPMT), en el que la titularidad de las absorciones generadas tras la inversión de un promotor, ya sea público o privado, no está claramente definida.

El carbono azul tampoco está contemplado a día de hoy entre los usos y actividades autorizadas en las concesiones de estos terrenos públicos, lo que genera, desde un inicio, una barrera para su desarrollo. A este problema se suma que los distintos usos en el DPMT implican el pago de un canon, es decir, una tasa en función de la actividad realizada y de la superficie ocupada.

El carbono azul aún no está regulado ni cuantificado como uso, lo que genera incertidumbre para los promotores, quienes desconocen cuál sería el coste anual derivado de la puesta en marcha de este tipo de proyectos. Un coste que podría oscilar entre la exención total del pago del canon o decenas de miles de euros anuales.

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Muchas incertidumbres y algunas certezas

A las barreras administrativas y normativas se suman aún numerosas incertidumbres científicas. Estas se deben, principalmente, a la falta de datos y al desconocimiento sobre el comportamiento de ciertos procesos clave para la captura de carbono a largo plazo en los ecosistemas marinos restaurados.

La cuantificación tanto de la captura de carbono como de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) debe realizarse con rigor, garantizando además la permanencia del carbono secuestrado durante toda la vida útil del proyecto.

Entre otros ejemplos, la alta variabilidad espacial y temporal en los flujos de otros potentes GEI como el metano (CH₄) o el óxido nitroso (N₂O), y la respuesta que tendrán tras la implementación de estos proyectos, no está aún clara. Si estos flujos se incrementaran, por la degradación del carbono orgánico que se está acumulando, se podrían reducir los beneficios climáticos de estos proyectos.

Por otro lado, existen reservorios de carbono poco explorados, como el carbono orgánico disuelto refractario que, a pesar de su relevancia como secuestrador del elemento a largo plazo, aún no cuenta con suficiente investigación que respalde su comportamiento a medida que el proceso de restauración avance en el área de proyecto.

El mar: un ecosistema costoso

Otro obstáculo importante es el económico. El medio marino resulta un entorno hostil para la realización de actividades técnicas y la obtención de datos. Los proyectos en estas zonas suelen tener costes significativamente más altos debido a la necesidad de maquinaria especializada y personal altamente cualificado. Lo mismo ocurre con las campañas de toma de datos necesarias para la certificación de las capturas de carbono, cuyo coste es considerablemente superior al requerido en proyectos de carbono verde.

Leer más: La agricultura del carbono podría ser un negocio viable en el Mediterráneo

Los proyectos de compensación con carbono azul tienen un periodo de permanencia elevado –superior a 50 años–, y el promotor solo puede obtener créditos por las capturas que se certifiquen y verifiquen en cada ciclo de verificación. En el estándar andaluz es cada 7-8 años, lo que supone una carga económica importante que se añade a los costes iniciales de implementación y al mantenimiento del proyecto durante todo ese tiempo.

Reducir estos costes, aumentar la fiabilidad de los datos obtenidos y mejorar la solidez de las asunciones científicas dependerá de la generación de más datos, tanto a través de la financiación de investigación básica en estas temáticas emergentes como mediante la medición de datos reales a medida que se pongan en marcha nuevos proyectos. Asimismo, es necesaria una mayor coordinación entre administraciones, además de agilidad legislativa para adaptar o crear normativas de acuerdo con las nuevas necesidades y desafíos que plantean este tipo de iniciativas.

El desarrollo de proyectos de absorción en ecosistemas de carbono azul representa una gran oportunidad de mejora medioambiental y económica para la sociedad. Una que va más allá de la lucha contra el cambio climático: se trata de una oportunidad estratégica que debemos aprovechar. Trabajemos en conjunto para hacer realidad esta nueva “mina de oro” de la mitigación climática.

La versión original de este artículo fue publicada en la Revista Telos, de Fundación Telefónica.

Fernando G. Brun Murillo recibe fondos de Proyecto de investigación DAME (PDC2021-120792-100), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación y por la Unión Europea “NextGenerationEU” y proyecto FINOCAME (PCM_00104. C17 . I03.) Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU. En la actualidad es co-responsable del Grupo Español de Expertos en Ecosistemas de Carbono Azul (G3ECA), del Laboratorio de Carbono Azul de la Universidad de Cádiz, y asesor en temas de carbono azul para la Oficina Andaluza de Cambio Climático.

Así utiliza Europa los impuestos para poner freno a la moda rápida

2025-10-05T21:57:01Z

VicVa/Shutterstock

¿Sabía que fabricar una sola camiseta de algodón requiere unos 2 700 litros de agua, lo mismo que una persona bebería en casi tres años? La llamada fast fashion o moda rápida nos ofrece ropa barata y de tendencia, pero también genera 12 kilos de residuos textiles por persona al año en Europa, y apenas un 1 % se recicla en nuevas prendas.

Ante este problema, la Unión Europea (UE) y varios países han empezado a usar los impuestos y las normas fiscales como herramientas para frenar un modelo que produce mucho, vende barato y desecha rápido.

Europa corta el chollo fiscal de las compras baratas

Hasta 2021, millones de paquetes de plataformas como Shein o Temu llegaban a Europa sin pagar IVA si costaban menos de 22 euros. Era una ventaja injusta frente a las tiendas locales. Desde entonces, todas las importaciones pagan IVA.

La Comisión Europea quiere ir más allá. Por una parte, propone la introducción de una tasa de tramitación de 2 € por cada envío a la UE. Por otra, quiere eliminar también la exención arancelaria de 150 €, de modo que incluso los pedidos pequeños paguen derechos de aduana. Con esto se evita que los vendedores dividan artificialmente los pedidos y se refuerza el control sobre productos que a menudo se fabrican en condiciones poco sostenibles o con malas prácticas laborales. El 91 % de todos los envíos de comercio electrónico valorados en menos de 150 euros procedían de China en 2024.

Al mismo tiempo, Bruselas ha aprobado la Directiva (UE) 2024/825, contra el greenwashing. Desde 2026, las marcas no podrán presentarse como “neutras en carbono” o “eco” sin pruebas verificables, ni podrán ocultar información sobre la durabilidad o la posibilidad de reparar de las prendas.

Leer más: El marketing permite a la moda rápida salir impune de los abusos medioambientales y laborales

Francia: un impuesto por prenda de moda rápida

Francia es el primer país europeo en aprobar un impuesto contra la moda rápida. En junio de 2025, el Senado dio luz verde a una ley que introduce un sistema de penalización progresiva por prenda (bonus-malus). Las marcas de ultra fast fashion (moda ultrarápida) deberán pagar 5 euros extra por artículo, lo que encarecerá especialmente camisetas, vestidos o pantalones de bajo coste. La cifra aumentará poco a poco hasta llegar a 10 euros en 2030, duplicando el tributo en apenas cinco años.

El impuesto dependerá del impacto ambiental y de las prácticas de cada empresa, y no podrá superar el 50 % del precio de venta sin IVA.

Con este sistema, el Estado francés lanza una señal clara: las prendas extremadamente baratas, diseñadas para durar apenas una temporada, deben pagar por el daño que generan. Al mismo tiempo, se premia a aquellas marcas que fabrican ropa más duradera, reciclable y con menor huella ambiental. Es un modelo inspirado en los impuestos ambientales que ya se aplican en carburantes o plásticos de un solo uso.

Leer más: ¿Por qué no se aplican más impuestos para reducir emisiones?

Reino Unido: la idea del ’penique por prenda’

En 2019, un comité del Parlamento británico recomendó un impuesto de un penique por cada prenda vendida para financiar la recogida y el reciclaje de textiles. Aunque el Gobierno no lo aplicó, la propuesta abrió un debate que hoy se centra en la responsabilidad ampliada del productor: que las marcas paguen en función de la basura que generan. Cuanto más baja sea la calidad de sus productos, más alto será el coste; cuanto más duraderos y reciclables sean, menos tendrán que pagar.

Leer más: Productos duraderos, reparables y reciclables para una economía circular

Suecia, Países Bajos y Francia: reparar en vez de tirar

Otros países han optado por incentivar la reparación. En Suecia, el IVA para arreglos de ropa y calzado bajó del 25 % al 12 %. En Países Bajos, el tipo reducido del 9 % se aplica a servicios como coser agujeros, cambiar cremalleras o ajustar tallas. Y en Francia, a partir de 2025, se aplica un tipo reducido del 5,5 % en reparaciones textiles y de calzado, junto con un “bono reparación” que descuenta parte del coste a los consumidores que arreglan su ropa en talleres certificados.

El objetivo de todas estas medidas es sencillo: que coser una cremallera salga más barato que comprar una prenda nueva.

España: normativa avanzada, fiscalidad pendiente

En España, la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular establece que, a partir de 2025, las marcas textiles deberán financiar sistemas de recogida y reciclaje, además de informar sobre la durabilidad y reparabilidad de sus productos. Es un paso adelante, porque obliga a las empresas a asumir costes que hasta ahora recaían en los municipios y los contribuyentes.

Sin embargo, el gran reto sigue siendo la fiscalidad: todavía no se han adoptado impuestos o incentivos fiscales como los de Francia, Suecia y Países Bajos, lo que deja a España rezagada en este aspecto.

¿Funcionan estas medidas y cómo impactarán en la industria?

Los efectos de los mecanismos fiscales ya empiezan a notarse. La eliminación de exenciones fiscales ha igualado la competencia y ha obligado a las grandes plataformas internacionales a modificar su estrategia de precios y logística.

La reducción del IVA en reparaciones está revitalizando talleres locales, apoyando pequeños negocios y cambiando poco a poco los hábitos de consumo. Y los nuevos impuestos, como en Francia, harán que las prendas de usar y tirar sean más caras, obligando a las grandes marcas a mejorar su diseño, trazabilidad y materiales.

En conjunto, la fiscalidad y la normativa buscan cambiar la lógica de la industria textil: que lo barato y desechable deje de ser la opción más atractiva y que reparar, reutilizar o comprar ropa de calidad se convierta en lo normal. Si estas medidas se consolidan, la industria textil europea podría transformarse en una de las más avanzadas en sostenibilidad, situando a Europa como referente mundial en la lucha contra la moda rápida.

¿Podemos atajar el problema de la contaminación por plásticos sin prescindir totalmente de ellos?

2025-09-30T17:20:59Z

Residuos plásticos en la costa cerca de la ciudad de Colón, en Panamá. Fotos593/Shutterstock

Las propiedades del plástico, como su ligereza, resistencia y características aislantes, hacen de él la primera opción para numerosos usos, por lo que se ha convertido en un material omnipresente hoy en día. Sin embargo, es el origen de diversos problemas ambientales; por ejemplo, al ser ingerido por animales en el medio natural. Pero ¿cómo podemos abordar esta situación sin prescindir totalmente de él?

Microplásticos y componentes tóxicos

Generalmente, el plástico tarda cientos de años en degradarse, pero las condiciones ambientales hacen que se desmenuce formando pequeñas partículas denominadas microplásticos. Este material está compuesto por un polímero, normalmente inerte, y aditivos, como los pigmentos y los plastificantes, que sirven para mejorar sus propiedades, pero que suelen dificultar el reciclado.

Algunos de estos aditivos son tóxicos. En ese caso, la legislación puede limitarlos, como ha ocurrido con algunos ftalatos (plastificantes) para tetinas y chupetes en muchos países. No obstante, la presencia de algunos componentes debería controlarse más, como el bisfenol A, prohibido ya en la Unión Europea, pero solo si tiene contacto con alimentos.

Aunque la mayoría de los plásticos provienen del gas natural y el petróleo, no son los principales responsables de su agotamiento, pues representan alrededor del 6 % del consumo.

El peor problema provocado por los plásticos es que un gran porcentaje de ellos, desechados como residuos, terminan en el medio ambiente.

Con el plástico hemos topado

En España, la concienciación sobre la necesidad de reducir el uso de este material y reciclarlo es todavía insuficiente, al igual que la gestión. Los porcentajes de residuos de envases reciclados por material en 2023 (último año con datos disponibles del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) fueron: 79,18 % del papel, 69,81 % del vidrio y 46,15 % del plástico. El informe sobre envases de plástico de un solo uso refleja un porcentaje todavía peor: 41,3 %, lejos del objetivo establecido del 70 %.

A nivel mundial y centrándonos en los plásticos, aunque hay diferencias entre las zonas, el problema es general: se estima que solo aproximadamente el 9 % del plástico producido es reciclado.

La contaminación por este material no tiene fronteras, y gran parte de los residuos termina en los océanos. Alrededor del 80 % de la basura marina está compuesta de plástico. Un reciente estudio estima que hay unas 3 200 kilotoneladas flotando, e indica que llegan al mar unas 500 kilotoneladas de plásticos por año; casi la mitad tiene su origen en la pesca.

Acumulación en el océano

Desde hace años oímos hablar de la “isla de plástico”, una expresión que no se corresponde con la realidad. La existencia de una isla de plástico sólida sería, de hecho, ideal, pues facilitaría su recogida.

Aunque no hay tal isla, sí se localizan grandes acumulaciones de basura en los cinco grandes sistemas de corrientes marinas (o giros océanicos) subtropicales, que se encuentran en el norte y sur del Atlántico, el océano Índico y el norte y sur del Pacífico. Se trata, sobre todo, de elevadas concentraciones de microplásticos que flotan suspendidos desde la superficie al fondo marino.

Tras analizar datos de diversos estudios, entre ellos la Expedición Malaspina 2010, el investigador Carlos Duarte y otros colegas estimaron que la cantidad de plástico que flota en la superficie del océano solo representa el 1 % de todo el que hay en los mares. Por tanto, parece producirse una pérdida de plástico que puede deberse a su fragmentación, la precipitación en el fondo y la ingesta por parte de los seres vivos, entre otras causas.

Los plásticos llegan a los océanos por distintas vías y a causa de diferentes actores. Por tanto, se pueden poner en marcha cambios para evitarlo.

Un reciente estudio señala que más del 80 % de los residuos en el Ártico son de plástico, y su origen es la pesca. En otra publicación se estimó una pérdida anual del 2 % de los equipos de pesca en el mundo. No se pretende demonizar esa actividad, pero sí señalar un sector que podría actuar mejor, existiendo ya alguna normativa e iniciativas al respecto.

Otro trabajo señala que los diez ríos con cuencas más pobladas (como el Yangtsé, el Indo y el Amarillo) transportan más del 90 % de los plásticos que llegan al mar. Si bien deducimos una pésima gestión de la basura en esas zonas, no toda es generada allí. En 2018, China prohibió la importación de residuos plásticos porque los países desarrollados se los enviaban incluso con compuestos tóxicos, pero esa exportación sigue existiendo hacia otros países, como Tailandia, Vietnam, Malasia, etc.

Leer más: Cómo poner freno al comercio ilegal de residuos plásticos

Las cifras anteriores muestran que realmente el problema no lo generan solo habitantes de una parte del mundo, como a veces se interpretó malintencionadamente, sino que todos tenemos cierta implicación. Y, por tanto, todos tenemos la posibilidad de hacer algo al respecto.

Erre que erre con las tres erres

De las tres erres (reutilizar, reducir, reciclar) de la regla de la ecología, fallamos mucho a la hora de reducir. Si bien ha aumentado la concienciación de la población, necesitamos normas que obliguen a la reducción del consumo de plástico. Sirvan de ejemplo normativas europeas como aquellas que limitan los envases y residuos de envases.

Asimismo, el reciclado, escasísimo, debe fomentarse con normas, ayudas y tasas. Una medida eficaz recién implantada por 19 países europeos es el sistema de depósito, devolución y retorno de botellas de plástico y latas de bebida.

El 14 de agosto de 2025 finalizó un encuentro organizado por la ONU para conseguir el primer tratado de la historia contra la contaminación de los plásticos, que fracasó. No se acordó reducir la producción, y se dejó al arbitrio de los países controlar los aditivos peligrosos y facilitar el reciclaje con el diseño.

Para que las erres hagan efecto a nivel mundial, además, se precisa educar, legislar, invertir y ayudar a las regiones menos avanzadas en gestión de residuos, porque el beneficio de reducir la contaminación por plásticos repercutirá en todos.

Jesús María Frades Payo no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

Una alternativa más sostenible para la extracción de tierras raras

2025-09-29T17:27:57Z

Proceso de extracción de minerales que contienen tierras raras en un yacimiento al aire libre. Imagen creada con IA

Muchos lugares que vivieron de la minería hoy sufren un declive silencioso. Calles antes llenas de vida se vacían: el fin de la actividad minera está haciendo migrar a sus poblaciones en busca de oportunidades, borrando parte de la identidad local. No obstante, una minería más sostenible ofrece la opción de pensar un nuevo futuro y mantener la herencia que dio esencia a estas comunidades.

Un ejemplo de este escenario es el municipio de Almadén, en Ciudad Real, donde se encuentra la explotación de cinabrio más antigua del mundo. Esta explotación, ya fue mencionada por los romanos en el siglo III a. e. c. y llegó a su auge en la Edad Moderna. Del cinabrio se obtiene mercurio, un metal singular y apreciado, ya que es el único líquido a temperatura ambiente. Además, es muy denso: un litro pesa más de trece kilos y medio.

Si bien durante la Edad Media los musulmanes ya trabajaban este mineral, la conquista de América cambió todo. La técnica de amalgamar plata y oro con mercurio hizo de Almadén un enclave estratégico para el cinabrio, que durante el siglo XVII llegó a estar bajo control de la Corona de Castilla.

Instalaciones del parque minero de Almadén en 2022. Author provided, CC BY-ND

Leer más: Almadén y el mercurio: La historia continúa

La singularidad minera de Ciudad Real

Como Almadén, en Ciudad Real hubo otros enclaves mineros, entre los que destacan las minas de San Quintín, situadas en Cabezarados y Villamayor de Calatrava, en el Valle de Alcudia. Allí se extrajeron galena y esfalerita, minerales de los que se obtiene plomo y zinc.

Estos lugares atrajeron a muchos trabajadores y generaron núcleos de población en los municipios vecinos. Gracias a ello, surgieron servicios pioneros, como el Hospital de Mineros de San Rafael, fundado en el siglo XVII. Convertido hoy en un museo, fue uno de los primeros hospitales laborales de Europa.

Esta fuerte dependencia económica de la minería fue la que condicionó el desarrollo comarcal. Por lo que, tras el cierre de la actividad, resultó necesario buscar alternativas. En San Quintín se logró gracias a la cercanía con Ciudad Real y Puertollano, así como por las actividades agrícolas y ganaderas. Pero en Almadén no ocurrió lo mismo.

Vista panorámica de las escombreras de las minas de San Quintín, en Ciudad Real. De allí se obtuvo la planta para absorber tierras raras de terrenos contaminados. Author provided

El cierre de la mina fue un golpe duro para su economía, que obligó a la población a buscar alternativas en el turismo o la agroindustria para subsistir. Sin embargo, la toxicidad debido a la absorción y acumulación del mercurio en los tejidos del cuerpo humano y su dispersión agravaron los problemas de salud y medioambientales, y hoy su economía sigue muy limitada.

Leer más: Necesitamos metales: ¿qué minería queremos?

¿Una oportunidad para el desarrollo de proyectos mineros más sostenibles?

En los últimos años, en todo el mundo ha crecido el uso de energías renovables como la solar y la eólica, así como de baterías en coches eléctricos. Esta nueva tecnología ha impulsado la demanda de metales poco concentrados, a veces presentes solo en lugares específicos.

Entre ellos destacan las llamadas “tierras raras”, conformadas por 17 elementos químicos. 15 pertenecen a los lantánidos, un grupo con propiedades electrónicas y físicas únicas, a los se suman el escandio y el itrio, esenciales en la tecnología moderna.

Su curioso nombre tiene origen en la dificultad para aislarlos en los siglos XVIII y XIX, así como en sus propiedades extraordinarias, ya que el término “raro” no hace referencia a escaso. El cerio, por ejemplo, se encuentra en la corteza terrestre en concentraciones similares a las del cobre.

En el 2024, la Unión Europea declaró las tierras raras como materias primas críticas. Estas son esenciales para la economía, pero su disponibilidad puede verse interrumpida debido a su escasez, concentración en pocos países o dificultades de acceso, lo que motivó la búsqueda de nuevos yacimientos. La empresa Quantum Minería S.L. propuso investigar la monacita gris en el Campo de Montiel (Castilla La Mancha), mineral rico en neodimio, un metal que se usa en aerogeneradores, motores eléctricos y dispositivos electrónicos y con un valor aproximado de 77,5 €/kg ultrapuro.

No obstante, el proyecto aún no ha demostrado viabilidad. La separación de estos elementos puede generar residuos radiactivos y causar impactos en la salud humana y en el medio ambiente suficientes para cuestionar la idoneidad de esta propuesta. Un estudio reciente se ha llevado a cabo sobre los sedimentos de un río en el noroeste de Tailandia señalando el peligro en caso de superar unos valores umbral de 0.24 μg/kg/dia para adultos y 0.95 μg/kg/dia para niños.

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Además, la asociación vecinal “Plataforma Sí a la Tierra Viva” se opone de forma frontal a la minería de tierras raras en España.

Una situación que contrasta con la de Kíruna, en Suecia. Allí se descubrió hace poco un gran yacimiento con más de un millón de toneladas del mineral y sus habitantes aceptaron incluso trasladar la ciudad para permitir la explotación del recurso.

Un ejemplo llamativo de este fenómeno fue el traslado que se llevó a cabo de una iglesia de 672 toneladas. Un tráiler gigante la movió cinco kilómetros en dos días. El coste de la operación, junto con el del resto de edificios que también fueron trasladados, fue asumido por la empresa minera.

Iglesia sobre el tráiler (toma panorámica del traslado). Aceroyroca.com, CC BY-ND

Alternativas de recuperación secundaria de tierras raras

Entre las alternativas a la extracción directa de estos elementos se encuentra la recuperación secundaria de metales, aquella que busca la extracción de estos compuestos en lugares contaminados promoviendo además su recuperación ambiental.

En el laboratorio de tecnologías integradas de recuperación medioambiental (EARTH) de la Universidad de Castilla-La Mancha hemos conseguido recuperar metales de tierras raras mediante la aplicación de tecnologías sostenibles con el medio ambiente. En este caso se ha realizado mediante un proceso de fitorremediación (uso de plantas para la extracción de contaminantes en suelos) utilizando la arenaria roja (Spergularia Rubra), la misma planta que crece de forma espontánea en terrenos contaminados de San Quintín. Esta especie vegetal fue utilizada por su gran potencial para acumular metales pesados.

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Esta tecnología ha permitido la recuperación de alrededor de 20 mg de metales de tierras raras por kg de planta recolectada, lo que demuestra la posibilidad de transformar un problema ambiental en una oportunidad de recuperación de recursos estratégicos.

Un avance que no sólo contribuye a la descontaminación de suelos afectados por la actividad minera, sino que abre la puerta a modelos más sostenibles de abastecimiento de tierras raras. Por otro lado, soluciona también la gran problemática de tantas regiones que eran antiguos territorios mineros. Hoy estas regiones se enfrentan al reto de revitalizar sus economías y su densidad poblacional sin perder su identidad.

Apostar por estas alternativas significa apoyar un futuro en el que la innovación científica y el cuidado del entorno vayan de la mano, un reto que nos interpela a todos como sociedad.

Martín Muñoz Morales recibe fondos de Europa a través de los Fondos de Desarrollo Regional y de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha (JCCM) a través de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla la Mancha mediante el proyecto de referencia SBPLY/23/180225/000143.

Álvaro Ramírez Vidal recibe fondos de Europa a través de los Fondos de Desarrollo Regional y de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha (JCCM) a través de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla la Mancha mediante el proyecto de referencia SBPLY/23/180225/000143

Ester López Fernández recibe fondos de Europa a través de los Fondos de Desarrollo Regional y de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha (JCCM) a través de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla la Mancha mediante el proyecto de referencia SBPLY/23/180225/000143.

El debate sobre si usar o no sustancias psicodélicas para evitar que perros y otros animales sufran

2025-09-29T17:23:25Z

shutterstock StockMediaSeller/Shutterstock

Para considerar que un animal terrestre goza de bienestar se deben cumplir cinco requisitos: estar libre de hambre, sed y desnutrición; libre de temor y angustia; libre de molestias físicas y térmicas; libre de dolor, lesiones y enfermedades; y libre para expresar comportamientos propios de su especie.

Son las cinco libertades esenciales establecidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) en 1965, que desde entonces ha seguido trabajando para garantizar el bienestar animal, una cuestión que abarca dimensiones científicas, éticas, económicas, culturales, sociales, religiosas y políticas.

En España, la reciente entrada en vigor de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, ha puesto en el debate público y político esa cuestión.

El sufrimiento animal es más complejo de lo que parece

Durante décadas, el bienestar animal se ha evaluado a través de indicadores fisiológicos y conductuales, como la frecuencia cardíaca, los niveles de cortisol o la presencia de comportamientos estereotipados. Sin embargo, la ciencia del comportamiento ha demostrado que el sufrimiento emocional en los animales es real y se explica por múltiples factores. Este es el caso de perros que viven largos periodos en refugios y que pueden desarrollar trastornos compatibles con la ansiedad generalizada o la depresión, condiciones que afectan gravemente su calidad de vida y dificultan su adopción.

No obstante, el sufrimiento animal puede estar presente de forma cotidiana, afectando no solo al animal sino también a sus dueños. Este es el caso de los problemas de comportamiento relacionados con la separación, que se estima afecta al 14-20 % de los perros. Los animales con ansiedad por separación suelen mostrar vocalización excesiva, conductas destructivas y eliminación inadecuada en ausencia del dueño. Pueden salivar, jadear, vomitar o dejar de comer. Al regresar el dueño, buscan contacto constante. Esto afecta gravemente a su bienestar y puede llevar al abandono o cambio de hogar de la mascota.

El tratamiento de la ansiedad por separación suele ser complejo y prolongado, ya que requiere la educación del propietario, modificaciones en el entorno y terapia conductual para el animal. Los tratamientos farmacológicos convencionales, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), no siempre son efectivos, y a menudo requieren semanas para hacer efecto. Aquí es donde los psicodélicos podrían ofrecer una alternativa terapéutica disruptiva.

¿Qué sabemos sobre los efectos de los psicodélicos en animales?

En los últimos años, las sustancias psicodélicas han despertado un renovado interés en el ámbito de la salud mental humana. Estudios clínicos rigurosos respaldan su uso potencial en el tratamiento de la depresión resistente, la ansiedad o el trastorno de estrés postraumático. Pero ¿podrían los psicodélicos jugar algún papel en el bienestar de los animales?

La hipótesis es plausible: teniendo los animales mecanismos neuroquímicos similares a los humanos, estas sustancias podrían también ejercer un efecto terapéutico en ellos. Históricamente, los estudios con animales han sido clave para comprender los mecanismos neurobiológicos de sustancias psicodélicas como la psilocibina, la DMT o la LSD, pero nunca se han realizado estudios con un enfoque de bienestar.

Sin embargo, estudios preliminares y observacionales sugieren que pequeñas dosis de ciertos psicodélicos, administrados de forma periódica, podrían modular la ansiedad en cánidos sin inducir efectos psicoactivos ni alucinógenos. Así, perros con trastornos de ansiedad severos tratados con microdosis de 1cP-LSD (un análogo legal de la LSD) parecen mejorar la regulación emocional, especialmente cuando el contexto social (vínculo con el cuidador) también es favorable.

Reconocer la vida mental compleja de los animales

Cualquier aproximación psicodélica en animales plantea dilemas éticos considerables. ¿Es lícito alterar el estado de conciencia de un animal, incluso con fines terapéuticos? ¿Cómo evaluar si una experiencia psicodélica es subjetivamente beneficiosa en una especie que no puede comunicar verbalmente? Para abordar estas preguntas, se requiere una ciencia rigurosa, pero también una filosofía del bienestar que reconozca la vida mental compleja de los animales y acepte que pueden tener experiencias internas ricas y susceptibles de ser moduladas.

¿Lograrían estas sustancias promover comportamientos exploratorios, juego o resolución creativa de problemas, como ocurre en humanos?

El bienestar también implica experiencias positivas

Podríamos estar ante un cambio de paradigma. Si reconocemos que los animales poseen estados mentales complejos y que su bienestar implica además experiencias positivas, es necesario explorar herramientas éticas y seguras para mejorar su vida. Esto requiere evidencia científica sólida, revisión ética y conocimiento profundo del comportamiento y consciencia animal.

Tal vez ha llegado el momento de ir más allá de las cinco libertades y considerar la riqueza de la experiencia consciente como parte del bienestar animal. En ese contexto, los psicodélicos podrían tener un papel relevante.

Unos pocos grados de diferencia pueden marcar la frontera entre la vida y la muerte de la vid

2025-09-25T17:20:54Z

Hoja de una vid afectada por la enfermedad de Pierce. Emanuele Mazzoni Photo/Shutterstock

La vid es uno de los cultivos más emblemáticos del mundo. No solo es la base de la producción de vino, un motor económico y cultural en países de clima mediterráneo tales como España, Italia o Francia, sino que también forma parte de su paisaje, historia e identidad gastronómica.

Basta pensar en el valor que tienen los viñedos para el turismo, el empleo rural o la proyección internacional de nuestras regiones vinícolas para entender hasta qué punto el vino forma parte de lo que somos.

Desafortunadamente, este patrimonio está amenazado. Entre los muchos problemas que afectan a los viñedos destaca la enfermedad de Pierce, causada por la bacteria Xylella fastidiosa. Este patógeno, transmitido por insectos que se alimentan de la savia, coloniza los vasos del xilema, el tejido de las plantas que transporta agua y minerales desde las raíces, hasta bloquearlos. ¿El resultado? Hojas secas, un debilitamiento progresivo y, finalmente, la trágica muerte de la vid.

Leer más: Los viñedos del sur de España: recuperar la tradición para resistir al cambio climático

Una enfermedad sensible al clima

Esta amenaza, sin embargo, no se distribuye por igual en todas las regiones, en las que el clima juega un papel crucial. La influencia de las condiciones climáticas es doble: por un lado, afecta directamente al crecimiento de la bacteria y, por otro, a los insectos que la transmiten. La temperatura, en particular, es determinante para el desarrollo de la fastidiosa Xylella dentro de la planta.

Por eso, mientras las regiones cálidas presentan una mayor incidencia de la enfermedad, en las zonas frías es prácticamente inexistente. Históricamente, de hecho, el frío invernal en zonas de Europa con temperaturas continentales ha actuado como un “escudo climático” natural, protegiendo a los viñedos de este devastador patógeno.

El progresivo aumento de las temperaturas globales, sin embargo, amenaza con desmantelar esta barrera natural. Según estudios recientes, el riesgo de que la enfermedad de Pierce se establezca en Europa aumenta de forma generalizada y significativa con el cambio climático.

De hecho, si la temperatura media global supera en 3 °C los niveles preindustriales, la enfermedad podría propagarse más allá de la región mediterránea. El impacto varía por países: Portugal y Grecia enfrentarían el aumento más drástico, mientras que en Francia e Italia el riesgo podría dispararse en las denominaciones de origen protegidas (DOP), con un clima más propicio a la enfermedad, llegando a afectar hasta al 41 % y 82 % de sus regiones vinícolas, respectivamente.

Curiosamente, salvo en zonas costeras de Cataluña, España parece mantener un nivel de riesgo similar independientemente del escenario de calentamiento.

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Una mirada con lupa: el papel de los microclimas

En nuestro estudio más reciente hemos querido cambiar la escala de observación. En lugar de analizar siglos de historia o escenarios futuros globales, hemos mirado con lupa al presente para hacernos una pregunta. ¿Qué ocurre si estudiamos la enfermedad a nivel de microclimas?

Para ello utilizamos datos climáticos de alta resolución espacial que permiten detectar variaciones locales de temperatura, incluso dentro de una misma región vitivinícola. No todos los viñedos experimentan el mismo clima: una orientación distinta, una mayor altitud o la proximidad a un valle pueden cambiar notablemente las condiciones térmicas. Asimismo, un mapa de inferior resolución, al dar valores promedio en zonas con relieve, no da cuenta de microclimas en riesgo.

Al combinar esos datos con modelos epidemiológicos, descubrimos que el riesgo de enfermedad no es homogéneo: unos grados de diferencia entre viñedos vecinos pueden marcar la frontera entre la seguridad y la vulnerabilidad de la cosecha.

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Cuando el detalle lo cambia todo

El análisis con datos climáticos de alta resolución que llevamos a cabo arrojó un resultado inesperado. En lugar de ofrecer simplemente una imagen más nítida de lo que ya se veía con mapas de menor detalle, las predicciones cambiaron de forma drástica. Zonas que antes parecían seguras, que se habían promediado con otras con menos riesgo, pasaban a mostrar un riesgo elevado cuando se tenían en cuenta las variaciones locales de temperatura.

Comparación del riesgo de la enfermedad de Pierce en el noroeste de la Península Ibérica según la resolución de los datos climáticos empleados. A la izquierda, el mapa elaborado con datos de media resolución sugiere un riesgo limitado a unas pocas áreas costeras. A la derecha, el análisis con datos de alta resolución revela un panorama muy distinto: aparecen extensas zonas de riesgo a lo largo de los valles fluviales y en áreas donde se concentran los viñedos. CC BY-NC

Estas sorpresas se concentraron sobre todo en torno a los valles fluviales. En estos paisajes, el relieve genera fuertes gradientes de altitud, y con ellos cambios bruscos de temperatura en pocos kilómetros o incluso metros. Cuando se utilizan datos de baja resolución, esas diferencias quedan ocultas en los promedios, y el riesgo real no aparece. En cambio, al trabajar con datos más detallados, se revelan áreas vulnerables que antes permanecían invisibles.

La importancia de este hallazgo es doble. Por un lado, demuestra que la resolución climática puede transformar por completo la evaluación del riesgo. Por otro, es especialmente relevante porque precisamente en esos valles suelen concentrarse muchos viñedos. Lo que parecía una falsa tranquilidad en mapas de baja resolución se convierte, al mirarse con más detalle, en un foco de vulnerabilidad para la viticultura.

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¿Que significa este descubrimiento para la viticultura?

Estos resultados tienen implicaciones inmediatas. Si los mapas de baja resolución ofrecen una falsa sensación de seguridad, confiar en ellos puede llevar a subestimar el riesgo real en regiones clave. La consecuencia es evidente: se corre el peligro de que la enfermedad de Pierce se establezca en áreas que se creían protegidas y, por tanto, menos vigiladas.

Por eso, la resolución climática deja de ser un aspecto técnico secundario y se convierte en una herramienta crítica para la gestión vitivinícola. Mapas de riesgo de alta resolución permiten identificar parcelas especialmente vulnerables, diseñar planes de vigilancia más precisos y priorizar medidas de control en las zonas con mayor exposición.

Además, este trabajo muestra que la adaptación al cambio climático no se juega solo a nivel global, sino también en la gestión del territorio a pequeña escala. Las denominaciones de origen y las autoridades agrícolas pueden usar esta información para anticipar brotes, orientar prácticas de cultivo o incluso planificar la ubicación futura de los viñedos.

Ante la amenaza de los efectos del cambio climático, donde se esperan transformaciones aún mayores en la distribución del riesgo, trabajar con el máximo detalle disponible es esencial para proteger tanto la producción como el patrimonio cultural asociado al vino.

Àlex Giménez Romero recibe fondos de la Agencia Española de Investigación (AEI).

Manuel A. Matias recibe fondos de la Agencia Española de Investigación (AEI) y no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo y declara carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

Eduardo Moralejo Rodríguez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

Bioindicadores invisibles: lo que los animales microscópicos nos dicen del mar

2025-09-21T21:37:21Z

Para entender qué está afectando a un sistema, primero tenemos que observar y evaluar los elementos que lo conforman. Algo que se puede hacer, al menos, de dos maneras: registrando los parámetros ambientales u observando y entendiendo a los organismos que habitan allí.

Lo primero responde a la pregunta “¿qué hay en el ambiente?”; lo segundo, a “¿cómo está afectando?”. Es esta segunda aproximación la que constituye la base de la bioindicación, cuya idea es sencilla: los seres vivos interactúan con el mundo, y, por tanto, tienen la capacidad de decirnos algo sobre él. Saber escucharlos es, en parte, nuestra responsabilidad.

Los bioindicadores han sido herramientas clave para evaluar la salud de los ecosistemas desde principios del siglo XX. En la actualidad, los más empleados en la evaluación de los ambientes acuáticos son los macroinvertebrados, animales de un tamaño superior a 1 mm, apreciables a simple vista. No obstante, una comunidad mucho menos conocida podría ser decisiva para el futuro de la conservación marina: la meiofauna.

Estos organismos microscópicos, de menos de 1 milímetro, habitan los sedimentos de todos los mares y han sido históricamente ignorados por su diminuto tamaño. Sin embargo, la meiofauna incluye una enorme diversidad de formas de vida: desde nematodos y copépodos hasta tardígrados o kinorrincos. De hecho, 24 de los 34 grupos básicos en los que se agrupan todos los animales, los filos, tienen representantes en esta comunidad. Y es precisamente en esta diversidad y abundancia donde radica su importancia: podrían ofrecer una visión más fina y precisa del estado de los ecosistemas marinos, ayudándonos a mejorar la conservación y protección de nuestros océanos.

El mar y sus recursos

El mar ha jugado un papel fundamental en la historia de la humanidad, actuando como vía de comunicación, sustento de vida, escenario de conflictos y fuente de inspiración. Incluso a día de hoy, la gran mayoría de la población mundial vive a menos de 320 km del mar.

No obstante, en la actualidad, el mar se enfrenta a una serie de amenazas inminentes. La contaminación marina alcanza niveles extremos, la sobrepesca está acabando con especies que antes eran abundantes y el pH es aproximadamente un 30 % más ácido que en la época preindustrial.

Estos impactos amenazan la supervivencia de la vida marina, alteran las cadenas tróficas y dañan los servicios ecosistémicos que nos brinda el mar, indispensables para nuestras sociedades.

Leer más: Proteger el 30 % de los océanos no es suficiente

Conservación marina y desarrollo sostenible

Pese a que las amenazas son serias, gracias a un mayor conocimiento de estos impactos y una creciente concienciación social, la conservación marina ha ganado relevancia a nivel global en los últimos años, especialmente en Europa.

Ejemplo de ello son iniciativas como la meta 30 x 30 (el compromiso global de proteger al menos el 30 % de las áreas terrestres y marinas del mundo para el año 2030 respaldado por la ONU), la promoción de la pesca sostenible o la creación de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) para salvaguardar los fondos marinos.

Además, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el ODS 14: Vida Submarina, subraya la importancia de la conservación marina.

Antes de estas metas globales, sin embargo, la comunidad científica ya había empezado a buscar indicadores que permitieran evaluar de manera objetiva el estado de los sistemas acuáticos. Primero se implementaron en agua dulce, ecosistemas muchos más estudiados que los marinos, y en el año 2000 se publicó el AZTI’s Marine Biotic Index (AMBI), un índice basado en macroinvertebrados marinos que permitía evaluar la salud de los ecosistemas costeros a partir de las especies que habitan en los sedimentos.

25 años después, el AMBI y sus variantes se utilizan actualmente en más de 70 países desde el Ártico hasta la Antártida y cuentan con el respaldo de instituciones como gobiernos europeos, la Agencia de Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA) o la World Wildlife Foundation (WWF).

Leer más: Descubriendo los diminutos seres que habitan los fondos oceánicos

La meiofauna y su potencial bioindicador

Pese al éxito y la importancia del AMBI y sus variantes, este índice también presenta limitaciones debido al grupo de estudio. Los macroinvertebrados son animales relativamente grandes y resilientes, y, aunque han demostrado ser eficaces para identificar impactos, pueden huir de las zonas afectadas y, en ocasiones, no presentar una abundancia suficiente para poder aportar datos representativos, ofreciendo señales tardías.

La solución podría venir del grupo mencionado al inicio: la meiofauna. Igual que el zooplancton (protagonista invisible pero esencial de la vida marina) sostiene la cadena alimentaria en la columna de agua, la meiofauna cumple un papel similar en los fondos marinos, sirviendo de alimento a los niveles superiores y reincorporando a las redes tróficas la materia orgánica que acaba depositándose en el lecho marino. Así, esta comunidad extraordinariamente diversa, aunque prácticamente desconocida, podría representar el siguiente paso en los programas de monitoreo y conservación ambiental marinos.

Sus ventajas son claras: la meiofauna posee ciclos de vida mucho más rápidos que los de la macrofauna, detectando impactos de inmediato; además, los organismos tienen un tamaño diminuto y una abundancia y diversidad asombrosas, aumentando enormemente la resolución ecológica. Si pensamos en los animales como píxeles de imagen, por cada píxel de macrofauna puede haber decenas o incluso cientos de meiofauna: es como pasar de una imagen borrosa a una definición en 4K.

Sin embargo, pese a su reconocido potencial y la abundante bibliografía científica que lo respalda, la meiofauna no ha dado aún el salto a la implementación en planes de monitoreo y conservación. ¿Por qué? La principal razón es que, debido a su enorme diversidad y reducido tamaño, estos organismos son extremadamente difíciles de estudiar. Además, hay muy pocos taxónomos dispuestos a dedicar años a especializarse en ellos hasta alcanzar la capacidad de identificar a nivel de especie. Así, el principal obstáculo para que la meiofauna se convierta en un estándar de monitoreo es, actualmente, la falta de conocimiento.

Leer más: Las claves del Tratado de los Océanos, un acuerdo histórico para proteger la biodiversidad marina

Protegiendo los océanos desde lo invisible

La protección de los océanos no puede limitarse a lo estético o lo útil. Proteger sólo a la gran fauna marina (como especies de interés comercial, tortugas o delfines) sin un estudio de los niveles tróficos inferiores equivaldría a gastar todo el presupuesto de mantenimiento de una catedral en las cúpulas y las pinturas. Sin unos cimientos sólidos y unos pilares firmes, esas bóvedas se pueden venir abajo.

En un momento tan crítico para la conservación marina, en el que cada acción y decisión cuentan mientras el tiempo corre en contra, se necesita comprender bien los océanos para poder protegerlos por completo. Y tal vez esta salvación no venga de las grandes criaturas que todos conocemos y admiramos, sino de aquellas invisibles a simple vista, pero imprescindibles para que todo lo demás siga en pie.

Alberto González Casarrubios dispone de un contrato predoctoral financiado por la Comunidad de Madrid (PIPF-2023).

Nuria Sánchez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

Vivir con miedo al clima: el impacto de catástrofes naturales como la dana en la salud mental

2025-09-18T17:04:07Z

Destrozos provocados por las inundaciones causadas por el paso de una dana en Valencia en octubre de 2024. David Raw/Shutterstock

El informe del Observatorio Europeo del Clima y la Salud gestionado por la Comisión Europea y la Agencia Europea del Medio Ambiente estimó que, de 1998 a 2018, entre 1,7 y 10,6 millones de personas desarrollaron algún trastorno mental tras sufrir inundaciones, cifras que incluyen desde síntomas leves de ansiedad hasta cuadros clínicos de trastorno de estrés postraumático.

El 29 de octubre de 2024, una dana provocó lluvias torrenciales e inundaciones históricas en la Comunidad Valenciana, causando 228 fallecidos y afectando a más de 300 000 personas. Este suceso ejemplifica cómo los desastres naturales intensificados por el cambio climático pueden impactar profundamente en la percepción y en la salud mental de la población.

A través del proyecto “Ecoansiedad percibida tras los efectos de la dana: una respuesta cognitiva y emocional al cambio climático” hemos estudiado el impacto social y psicológico que este fenómeno tuvo en la sociedad española.

La ecoansiedad como nuevo desafío social

La ecoansiedad, según la Asociación Estadounidense de Psicología y ecoAmerica, se describe como un “miedo crónico a un desastre ambiental” derivado de la percepción de amenazas reales o anticipadas por el cambio climático. En el ámbito científico, este término se conceptualiza como un constructo multidimensional que incluye componentes cognitivos, como el grado de preocupación, emocionales y somáticos en respuesta al deterioro medioambiental.

Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), tras una catástrofe como la dana, el cambio climático se percibe como un riesgo más presente y relevante, aumentando la preocupación social. No obstante, los estudios longitudinales indican que este efecto suele disminuir con el tiempo y, si no se refuerza, muchas personas acaban volviendo a sus niveles previos de preocupación y comportamiento.

Grado de preocupación de la población española respecto al cambio climático (marzo 2024 a marzo 2025). Alexis Cloquell, a partir de datos del CIS, CC BY-SA

Mujeres jóvenes y valencianas, las más vulnerables

En el proyecto hemos analizado los datos recogidos en el Barómetro nº 3 489 (diciembre 2024) y el Estudio nº 3 499 (febrero-marzo 2025) del CIS. Aunque los resultados todavía no están publicados, podemos adelantar algunas de las conclusiones más relevantes.

Uno de los hallazgos más consistentes es el papel de la variable sexo. Las mujeres presentan niveles significativamente más altos de ecoansiedad que los hombres: el 40 % de ellas experimenta un nivel elevado, frente al 28 % de los hombres. Este hallazgo coincide con investigaciones previas que han documentado una mayor sensibilidad emocional y una conciencia ambiental más desarrollada entre las mujeres, posiblemente influida por factores culturales, educativos y sociales que promueven un mayor involucramiento en temas ecológicos.

La provincia de Valencia concentra el mayor impacto: un 48 % de ecoansiedad elevada frente al 32 % del resto de España. Diversos estudios han demostrado que las experiencias directas con eventos climáticos extremos pueden actuar como factores que aumentan la conciencia y preocupación ambiental. Por eso estas personas tienen mayor probabilidad de reconocer la gravedad del cambio climático y apoyar políticas ambientales. Esto se debe al llamado “efecto de proximidad”, en el que la vivencia directa genera una percepción de riesgo más inmediata y emocional.

Leer más: ¿Existe la ecoansiedad, el miedo crónico a un colapso ambiental?

Educación y desigualdad: cuando la información protege

El nivel educativo actúa como un factor protector moderado: quienes tienen estudios superiores presentan niveles algo menores de ecoansiedad, lo que podría sugerir que una mayor formación académica favorece herramientas cognitivas o informativas que permiten canalizar la preocupación ambiental de manera más equilibrada.

La variable ocupación arroja datos muy reveladores. Las personas desempleadas y aquellas que se dedican a labores del hogar presentan los niveles más altos de ecoansiedad cognitiva. En estos grupos, más del 39 % se encuentra en el nivel alto.

También los jubilados y pensionistas manifiestan una proporción elevada. Esto podría estar relacionado con una sensación de vulnerabilidad económica, menor acceso a medios de adaptación o, en algunos casos, una percepción de impotencia frente al futuro.

En cambio, los estudiantes presentan una distribución algo distinta, con aproximadamente el 45 % ubicados en el nivel bajo. Esto podría interpretarse como una toma de conciencia activa, pero aún no intensamente ansiosa, posiblemente asociada al carácter formativo y crítico de esta etapa vital.

Una llamada urgente para nuevas políticas públicas

Los resultados muestran que el cambio climático no solo transforma los paisajes, sino también las mentes, y que es urgente prepararse para un futuro climático más incierto. Se trata de un fenómeno persistente: incluso seis meses después del evento, la preocupación permanece, lo que plantea retos importantes para la salud mental.

El estudio alerta sobre un problema creciente que hasta ahora ha pasado desapercibido en la agenda política: la relación entre cambio climático y la salud mental. Por tanto, es recomendable crear programas de apoyo psicológico a la población, campañas de educación ambiental y planes territoriales de emergencia, especialmente en zonas geográficas de alto riesgo frente a los efectos del cambio climático.

Leer más: Cómo mejorar la gestión del riesgo en las zonas afectadas por DANA para que no se repita una catástrofe

Alexis Cloquell Lozano recibe fondos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la convocatoria Proyectos de Generación de Conocimiento 2024 y del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) perteneciente al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a través de la convocatoria ayudas a la investigación 2025.

Joan Lacomba Vazquez recibe fondos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la convocatoria Proyectos de Generación de Conocimiento 2024.

Carmen Moret-Tatay y Francisco Javier Arteaga Moreno no reciben salarios, ni ejercen labores de consultoría, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del puesto académico citado.